Carlos Ferreyra
Rescate histórico de don Roberto Fuentes Vivar, quien en columna la semana anterior destazó las reuniones de los empresarios regiomontanos (o monterrellenos, más preciso) en las que acordaron las medidas que asumirían contra Luis Echeverría y José López Portillo. Y el nacimiento de los atalayos.
A los dos mandatarios los miraban bajo el mismo prisma. Y con ese criterio decidieron organizar campañas de odio, de descrédito y de difamación que han sido las que han pasado a conformar la historia de la que llamaron “La docena trágica”.
Docena trágica en la que no se registraron las tragedias que hoy ven pasar sin despeinarse y de las que se han beneficiado en forma enorme. Y no es imaginación, sino el hecho de que la delincuencia ha respetado a los grandes empresarios, con los que está mezclado y con quienes comparte negocios y utilidades.
La historia de Chipinque, recuerda Roberto, comienza con la muerte del patriarca empresarial neoleonés, Eugenio Garza Sada, un oscuro episodio en el que participaron el hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra, Jesús, y José Luis Sierra, esposo de la ex gobernadora de Yucatán y ex senadora, Dulce María Sauri Riancho.
El 17 de septiembre de 1973 murió Garza Sada cuando un comando presuntamente de la Liga Comunista 23 de Septiembre pretendió secuestrarlo. En la oscuridad de la información, se supo que el empresario intentó impedir su secuestro blandiendo una vieja pistola que no funcionaba. Eso habría, posiblemente, ocasionado que los delincuentes accionaran sus armas.
Las consecuencias de este hecho los detalla Roberto y van desde una advertencia para que los empresarios norteños desistieran de la adquisición de la Cadena García Valseca que terminó en manosm de un, por entonces, prestanombres del mandatario; se manejó también la posibilidad de “un accidente”.
Lo real es que hubo un divorcio inmediato de los hombres de empresa con el gobierno federal dando nacimiento al Consejo Coordinador Empresarial “para defender los derechos de los empresarios ante la socialización del gobierno de Echeverría”, apunta Fuentes Vivar.
Dejemos la memoriosa versión de Roberto Fuentes Vivar. Sumemos los recuerdos de un largo viaje realizado con Alfonso Martínez Domínguez a Londres, al más importante festejo en la historia de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP), el centenario de su creación.
En el viaje, como suele suceder, se crearon lazos de proximidad y confianza con don Alfonso, al que se le cuestionó, por ejemplo, su relación afectiva con el entonces jefe de Prensa de los Diputados, Pedro Pablo Treviño del Bosque. Breve explicación, era hijo de un cercanísimo amigo suyo y por eso lo protegió ante algunas denuncias penales: secuestro, robo de autos…
Había en Monterrey una emblemática obra de caridad: la Ciudad de los Niños que encabezaba un sacerdote católico. Intocable, fue denunciado por atentar contra la integridad de los infantes bajo su protección. Sin dudarlo y a pesar de su catolicismo, Martínez Domínguez, gobernador, descabezó el internado y mandó a la cárcel a su piadoso administrador.
Un año antes de la muerte de Garza Sada, se casaron Dulce María Sauri y José Luis Sierra. Doce meses después, el flamante marido de quien sería gobernadora de Yucatán, dio con sus huesos en la cárcel. La propia Dulce María fue involucrada en el atentado, pero la actitud de su esposo la liberó de toda sospecha.
Correspondió a Martínez Domínguez, según recuerdo, quien decidió aprovechar la amnistía decretada por el gobierno federal, para que José Luis saliera en libertad.
Aunque el senador de Nuevo León tenía un odio enfermo contra Echeverría –por haberlo culpado en el asunto de Los Halcones—admitía la versión de que los encapuchados de Chipinque habían maniobrado para imponerse al gobierno nacional.
Meses antes de la muerte de Garza Sada, los complotistas estructuraban un plan de gobierno que ya adelantaba la posibilidad de un TLC con Estados Unidos, así como acuerdos y convenios que con el tiempo se fueron instrumentando. Inclusive la colaboración en materia de seguridad, la traslación de la aduana gringa a territorio mexicano, así como los asuntos migratorios que han llegado a la implementación en la frontera sur de nuestro país.
Y el marco general hoy llamado Plan Mérida, instrumentado en 2008 por el presidente George Bush, aprobado por el Congreso de Estados Unidos para involucrar a las naciones centroamericanas y a México en sus tareas internas de seguridad nacional e inmigración.
Aunque ya desde antes lanzaban sus tentáculos por todo el país, dentro del Plan se estableció una coordinación en la que participan hasta la fecha por la nación del norte, el Departamento de Estado, el de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Inteligencia (FBI), la agencia Antidrogas (DEA).
Por el lado mexicano están presentes –este en teoría—el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina, Seguridad Pública, Procuraduría General de la República y con su antigua denominación, el Consejo de Investigación y Seguridad Pública.
Personalmente estimo que estas reuniones y la posición anti Echeverría, marcó el inicio de la participación activa, el involucramiento y el intervencionismo gringo en los asuntos nacionales. A lo que nadie se opuso. Se comenta, pero preferimos mentarle la madre vía redes a quien muestre opinión contraria a la nuestra. Es la moda…