La violencia le costó a México el equivalente a 21 % de su PIB en 2017, un año en que se registró el mayor número de homicidios en dos décadas, según el Índice de Paz México 2018.
Dicho costo supone 4,72 billones de pesos, es decir aproximadamente 33.118 pesos por persona, «más de cuatro veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano», asevera el reporte.
«Este impacto total de la violencia es el equivalente a ocho veces el presupuesto de salud del país y a siete veces el presupuesto de educación», dijo en una entrevista con Efe Carlos Juárez, director del centro de investigación Instituto de Economía y Paz en México.
Este cálculo elaborado por el instituto, explica Juárez, considera tanto costos directos como indirectos de la violencia, lo que engloba desde gastos en policía y despliegues en seguridad hasta todo lo que una persona que ha sido asesinada deja de contribuir económicamente al país.
En este impacto tiene especial relevancia el hecho de que México cerrara 2017 con 25.339 homicidios dolosos, la mayor cifra en dos décadas que supone un aumento de 18,91 % respecto al año precedente.
Los homicidios son «claramente el indicador que está detonando este deterioro de la paz en México», estimado por el instituto en 10,7 % en comparación con el año anterior.
La violencia no solo tiene que ver con el crimen organizado, remarca Juárez, dado que también «la violencia intrafamiliar se incrementó un 32 % el año pasado», lo que «habla de las dinámicas de convivencia de la población».
Asimismo, el estudio analiza los ocho llamados «factores de paz positiva», entre los que se encuentran distribución equitativa de los recursos, altos niveles de capital humano, aceptación de los derechos de los demás y entorno empresarial sólido.
«El gran reto de nuestro país es mejorar en los tres pilares de paz positiva que han estado consistentemente bajos a lo largo de los últimos años: el desempeño del Gobierno, los niveles de corrupción y el libre flujo de la información, que tiene que ver con la prensa y la labor periodística del país», comentó el director.
En el Índice de Paz Global 2017, México se posicionó en el lugar 142 de 163, mientras que en el Índice de Paz Positiva 2017 (que mide el avance en el tema) acabó clasificado en el sitio 59.
Tener una mejor posición en el índice de paz positiva, argumenta Juárez, significa que el país latinoamericano tiene los «elementos suficientes para salir adelante» en el mediano plazo.
Otro de los hallazgos del centro de investigación es que «las comunidades que están dispuestas a colaborar con sus autoridades tienden a resolver mejor los problemas de violencia».
No obstante, este aspecto también está muy vinculado con los altos niveles de impunidad del país y la confianza en las instituciones.
El porcentaje de mexicanos que en 2017 dijeron tener un alto nivel de confianza en las instituciones de seguridad pública «bajó a 18 %, su nivel más bajo desde 2012», apunta el reporte.
Por otra parte, el porcentaje de ciudadanos que refirieron que la impunidad es el problema «que genera mayor preocupación» pasó de 7 % a 20 % en los últimos cinco años.
Solo siete de los 32 estados del país mejoraron sus niveles de paz el año pasado. Los que presentan niveles de mayor violencia son, en este orden, Baja California Sur, Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas.
Mientras que los más pacíficos, de acuerdo con el informe, son Yucatán, Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas.
El próximo 1 de julio, más de 89 millones de mexicanos están llamados a las urnas para renovar más de 3.400 cargos, entre ellos el del presidente del país.
Este contexto es visto por el instituto como una «oportunidad» para replantear «la estrategia que hasta hoy se ha desarrollado» en seguridad, que no ha dado los resultados esperados.
Juárez pide que los candidatos escuchen a la sociedad civil y a los centros de investigación: «La única posibilidad de sobreponernos a la violencia es un enfoque integral que atienda las raíces».
«Que los candidatos escuchen a los grupos de la sociedad civil, a los centros de investigación», porque si únicamente se atiende la violencia desde un punto de vista militar y policial, México está condenado a volver a «caer en estos ciclos» de inseguridad, concluye el director.
Fuente: Crónica