El 8 de noviembre de 1992, a las dos y media de la mañana, un grupo de asesinos irrumpió en una discoteca repleta de personas en Puerto Vallarta, México, en busca de venganza. Sacaron sus armas y, de acuerdo con reportes noticiosos de ese entonces, dispararon contra las luces del sitio antes de abrir fuego contra los integrantes de un cartel rival, liderado por los Arellano Félix.
Murieron seis personas. Quienes dan seguimiento a la guerra contra el narcotráfico en México le han atribuido el ataque a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien en ese entonces era un capo joven y buscaba vengarse de los hermanos Francisco Javier y Ramón Arellano Félix.
Ese suceso ahora es parte del relato presentado por procuradores federales estadounidenses en Brooklyn en su caso contra Guzmán Loera; afirman que sí estuvo involucrado y que planean recontar lo sucedido durante el juicio.
Los procuradores retoman ese ataque, que sucedió cuando Guzmán Loera buscaba consolidar las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos para el Cártel de Sinaloa que lideraba, en un memorando de noventa páginas que fue presentado ante la corte el 10 de abril. Ante el juicio, cuyo inicio fue retrasado hasta septiembre, el memorando funge como un listado de los delitos que los procuradores le achacan al Chapo aunque no los hayan detallado en la imputación formal. Son clave para el caso, según los fiscales, pues incluyen asesinatos, actos de tortura, secuestros, las fugas de prisión y un intento de contrabandear siete toneladas de cocaína en latas de chiles jalapeños.
En los quince meses desde que Guzmán Loera fue enviado desde México a Nueva York su caso ha quedado reducido a tecnicismos sobre la legalidad de esa extradición y argumentos sobre las condiciones que enfrenta en la prisión de alta seguridad de Manhattan en la que se encuentra. Este documento del gobierno estadounidense, en tanto, es la primera porción detallada de evidencia que los procuradores planean presentar al jurado.
En otro apartado del memorando, las autoridades en Nueva York recuentan cómo en 2001, cuando Guzmán Loera estaba enfrentado con los Cárteles del Golfo y de los Zetas, el Chapo ordenó a sus pistoleros capturar y torturar a cualquier integrante de esos grupos rivales que pudieran encontrar. Algunos fueron llevados ante él “atados e indefensos”, según el memorando, para ser interrogados. “En al menos un caso”, dicen los procuradores, “fue el mismo acusado quien le disparó a los rivales a quemarropa y les ordenó a sus lacayos deshacerse de los cuerpos”.
Nueve años después, indica el memorando, el Cártel de Sinaloa disputaba territorio con los Beltrán Leyva y el Chapo recibió noticias de que uno de los principales lugartenientes de esa organización, Israel Rincón Martínez, había sido secuestrado —era acusado del asesinato del hijo de uno de los lugartenientes de Guzmán Loera—. De acuerdo con el documento de los procuradores, Rincón fue llevado a varias propiedades de Guzmán Loera donde fue torturado e interrogado por el primo del Chapo, Juan Guzmán Rocha; aunque el capo de Sinaloa ordenó que no mataran a Rincón sino hasta que él llegara, el memorando dice que Rincón falleció antes de que eso sucediera.
Con anécdotas como estas el documento busca claramente presentar a Guzmán, de 58 años, como un hombre violento y calculador. Por ejemplo, el memorando destaca que en 2006 el Chapo aprovechó un descanso después de comer para mandar golpear a dos integrantes de los Zetas a los que después mató con un tiro de gracia “disparado desde un arma larga”. El documento después añade que “les ordenó a sus trabajadores cavar un hoyo, lanzar ahí los cuerpos y prenderles fuego”.
El abogado del Chapo, Eduardo Balarezo, dijo el 10 de abril que aún seguía revisando el memorando y que respondería cuando fuera apropiado.
Balarezo ha argumentado durante varios meses –sin mucho éxito– que Guzmán Loera no enfrentará un juicio justo debido a las restricciones severas que se le impusieron con el arresto y por la publicidad que rodea al caso. El lunes 9 de abril él presentó ante el tribunal documentos para pedirle al gobierno estadounidense que le entregara los antecedentes penales de todos los capos, mensajeros, exintegrantes de cárteles y contadores que los procuradores quieren presentar como testigos; alrededor de cuarenta personas, algunas a quienes se les permitirá rendir testimonio con seudónimos.
Estos testigos probablemente respaldarán los detalles de las brutalidades incluidas en el memorando, aunque esa no será la única evidencia. Los procuradores también describieron a la corte que tienen imágenes satelitales de Guzmán Loera y su operación, libros de contabilidad del cártel que fueron confiscados, decenas de videos, miles de llamadas y correos interceptados y más de 300.000 páginas de diversos documentos. Puede que incluso tengan evidencia de pagos que hizo Guzmán Loera a sus abogados como “prueba de la riqueza inexplicable y los ingresos sustanciales del acusado”.
No obstante, el memorando también muestra que hay algunas cosas que el gobierno no quiere que escuche el jurado. Eso incluye cualquier mención de que Guzmán Loera realizó posibles obras caritativas en México o anuncios vinculados a la sugerencia hecha por el abogado del Chapo de que este planea hacer campaña –desde su celda en Nueva York– para un escaño en el Senado de México.
Las autoridades estadounidenses también le pidieron al juez Brian Cogan que excluya menciones de la entrevista que el actor Sean Penn le hizo a Guzmán Loera para la revista Rolling Stone en 2015, cuando el Chapo estaba escondido después de una fuga. A los procuradores les disgusta la entrevista aparentemente por la indicación que hace Penn de que Guzmán Loera es una “figura parecida a Robin Hood” y su señalamiento de que el público estadounidense que compra drogas es cómplice de los delitos del capo.
Fuente: NYTimes