enemos elementos suficientes para asegurar entre otros, que el niño (Edward) llegó al hospital, sólo con una fractura de codo izquierdo y horas después salió muerto. La operación quirúrgica que se le practicó no era urgente; la operación se realizó menos de cinco horas después de la ingesta de alimentos», expuso el fiscal General de Justicia, Rubén Vasconcelos Méndez.
Un día después de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó la liberación del imputado, Luis Alberto, al comprobarse la violación al debido proceso por los hechos ocurridos en noviembre del año pasado, Vasconcelos expresó su respeto a las decisiones del órgano colegido, pero reiteró que la Fiscalía presentó las pruebas suficientes que hicieron que dos jueces distintos declararan la probable responsabilidad del imputado.
A través de un video dirigido a la opinión pública, difundido por la institución a su cargo, el doctor en Derecho retiró que el imputado y la anestesióloga, actualmente prófuga, “no tuvieron los cuidados necesarios para la aplicación de la anestesia y que la causa de la muerte no fue una reacción alérgica o anafíláctica, sino una asfixia por broncoaspiración”.
Sostuvo que los prestadores de servicios médicos ocultaron información durante las diligencias, como el suministro de la lidocaína en dosis no autorizadas en menores de edad.
Aseguró existen videos que suponen la manipulación del expediente clínico para modificar lo sucedido, “los médicos llamaron a personas externas para que colaboraran en dicho acto”, reveló.
Acompañado por el vicefiscal de la zona centro junto con su equipo cercano, el también doctor en Derecho presentó un resumen de hechos de lo sucedido en la clínica privada donde los familiares del menor.
Dijo que la cirugía terminó alrededor de las cero horas, y hasta las siete después el infante fue ingresado a un hospital privado, con unidad de cuidados intensivos.
Durante ese lapso –siete horas—el paciente no tuvo atención, y cuando fue trasladado a otro hospital, este ya había sufrido paros cardiacos.
También mencionó que los datos de prueba (testimonios, videos, documentos y dictámenes de peritos especialistas) fueron avalados por el Instituto de Servicios Pericial, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y la Procuraduría General de Justicia de la República.
Subrayó que un juez libró orden de aprehensión, como uno de los probables responsables por la comisión del delito de homicidio con la agravante de responsabilidad médica, y un segundo vinculó a proceso al imputado y le impuso la medida de prisión preventiva por tratarse de un homicidio con dolo eventual y otorgó cuatro meses para la investigación complementaria.
“Espero que la familia encuentre consuelo y resignación”, fueron las palabras que el doctor Luis Alberto Pérez durante su conferencia de prensa.
Expresó que en ningún momento actuó con la intención de lastimar a su paciente, consideró indígnate que el estado lo haya clasificado así; por lo que confío que la justicia de aplique.
Comentó que cualquier médico puede pasar lo mismo y que no está en la postura de que el caso se quede impune si no por de actúe bajo derecho.
Agradeció el apoyo recibido por su familia, a la Federación Mexicana de Traumatología y Cirugía, así como a sus colegas.
Indicó que ante las adversidades continuará laborando y que este caso es un parte aguas para que se legisle a favor de los médicos y un caso así no vuelva a suceder.
Fuente: Excélsior