Un juez federal advirtió por segunda ocasión a las autoridades del estado de Chihuahua que deben entregar al ex secretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en un lapso de 24 horas, para que sea ingresado en un penal de la Ciudad de México.
El priista está acusado del delito de peculado por 250 millones de pesos; junto con él están en prisión preventiva Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles; todos son ex colaboradores de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua y deben ser trasladados al Reclusorio Preventivo Norte.
Por su parte, el juez de Control del Distrito Judicial Morelos, del Estado de Chihuahua, en acato a la resolución dictada por un tribunal federal, remitió una copia al juez federal de la causa penal 780/2017 iniciada contra los priistas, la cual consta de tres tomos, así como diversas constancias y, los audios y videos de las audiencias respectivas.
El juez federal también multó con 161 mil 200 pesos al director del Centro de Reinserción Social Estatal número Uno, en Aquiles Serdán, por no acatar el anterior mandato judicial que ordenaba la entrega de los ex servidores públicos.
El director de la prisión fue prevenido que de volver a incurrir en desobediencia se le impondrá una nueva multa, pero ahora por 241 mil 800 pesos.
En el acuerdo se menciona que el director de la prisión estatal interpuso un recurso de revocación contra el anterior acuerdo del juez federal, emitido el pasado 24 de abril; sin embargo, el recurso fue desechado porque el director carece de facultad para promoverlo.
Gerardo Moreno García, juez de Distrito del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México ordenó que los tres ex colaboradores de Duarte sean ingresados al Reclusorio Preventivo Norte, porque corresponde a la justicia federal y no local juzgarlos.
El 15 de febrero del presente año, en audiencia pública, Moreno García aceptó conocer el caso de Gutiérrez y coacusados; motivo por el cual ordenó al fuero común ponerlos a su disposición; después, el 6 de abril el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó los indiciados debían ser juzgados en el ámbito federal.
Lo anterior provocó el enojo de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, quien se lanzó contra el Poder Judicial de la Federación, lo que derivó en que dicho poder respondiera a sus ataques.
En la causa penal 24/2018, se detalla que el juez federal recibió un escrito de la abogada Elba Marina Vázquez Mendioza, quien solicitó se utilice la fuerza pública para que el director del penal de Aquiles Serdán, ponga a disposición a los imputados.
Fuente: Milenio