En el último año, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han sostenido decenas de desencuentros en los que se han revocado reglamentos, dictámenes de fiscalización y diversos acuerdos, de los que el último capítulo fueron los casos de Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter.
En la última sesión del TEPJF en la que por mayoría aprobaron el registro de la candidatura de El Bronco y 10 días de audiencia extra para El Jaguar, los magistrados no sólo revocaron las resoluciones del INE, sino que de paso “regañaron” a los consejeros electorales por la imprudencia con la que actuaron al emitir calificativos sobre los independientes durante una conferencia.
Al respecto, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, advirtió que este escenario y la emisión de resoluciones como las de El Bronco y El Jaguar ponen en duda la credibilidad de las instituciones electorales e inyectan más elementos problemáticos al proceso.
En entrevista con El Financiero, aseveró que en estos casos, el TEPJF emitió “una decisión jurídicamente infundada, técnicamente deficiente y políticamente desafortunada”, que afecta la confianza en el propio órgano electoral jurisdiccional y también merma la credibilidad de las demás autoridades, como el INE.
Señaló que no representa un problema en sí mismo la revocación de los acuerdos del INE por parte del Tribunal Electoral, sino la falta de sustento jurídico, y consideró que los desencuentros entre ambas instancias representan una “dinámica institucional desafortunada”.
“La autoridad electoral debe de, aunque no le parezca, acatar las resoluciones del Tribunal, pero desde el Tribunal los magistrados no deben asumir una superioridad jerárquica que no tienen ante la autoridad administrativa. El Tribunal no es superior jerárquico del INE.
“Lo que el Tribunal tiene que hacer es verificar que la autoridad electoral se ciña a la legislación cuando decide, no darle directrices ni orientaciones ni regaños, porque no es su función”, enfatizó.
Al respecto, Diego Valadés, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lamentó la resolución del TEPJF de avalar la candidatura presidencial de El Bronco, la cual calificó de “deplorable”, pues carece de sustento jurídico y causa un grave daño a la justicia mexicana.
Dijo a El Financiero que se trata de una decisión sin precedentes y desconcertante, ya que genera dudas y desconfianza sobre la imparcialidad del propio TEPJF y lesiona al INE, porque se está dando protección a una persona que presumiblemente ha incurrido en delitos electorales.
“Se dio la protección más amplia a quién infringió las reglas políticas y éticas al conseguir y obtener muchísimas firmas falsificadas, y no se dio la protección más amplia a los ciudadanos que nos hemos quedado sin un órgano jurisdiccional que defienda nuestros intereses”, aseveró.
Fuente: El Financiero