Con 40 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó dar amnistía a las personas procesadas o encarceladas que participaron en marchas entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015.

Basados en el artículo 104 del Código Penal, los diputados extinguieron la acción penal o la posibilidad de ejecutarla, contra los involucrados por los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, rebelión, motín, sabotaje, sedición y los delitos subsecuentes y conexos.

Con esta llamada «Ley de amnistía» se beneficiará a 510 personas, 96 de ellas procesados y dos encarcelados, con el argumento de que se debe respetar su libertad de expresión.

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial.

«El procurador general de justicia de la ciudad de México solicitará de oficio la aplicación de esta ley y cuidará la aplicación de sus beneficios, declarando respecto de los responsables, extinguida la acción persecutoria y ordenando la cancelación de los registros que constituyan antecedente penal», explicó la diputada Beatriz Olivares Pinal a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

El decreto cancela las órdenes de aprehensión pendientes y pone en libertad a los sentenciados. Especifica además que los individuos que se encuentren sustraídos a la acción de la justicia, dentro o fuera del país, podrán beneficiarse de la presente ley.

Mientras que en los casos de imputados con causas pendientes, el juez competente decretará de oficio el sobreseimiento sin restricciones a favor de los procesados.

«Las personas a quienes aprovecha esta ley, no podrán ser en el futuro detenidas, aprehendidas ni procesadas por los delitos que les fueron imputados y cometidos estrictamente durante el periodo que comprende esta ley», agregó.

Además, reconoce como víctimas a todas las personas que hayan sido detenidas durante el periodo que comprende.

Especifica que no se beneficiarán con este decreto a las personas que se les impute la comisión de delitos patrimoniales relacionados con daños en bienes del dominio público o propiedad privada.

Como parte de los beneficios de la ley, se planteará la creación de un programa de becas y apoyos de reinserción social, a los estudios o trabajo para los detenidos o procesados.

Entre los beneficiados por este decreto están los participantes en las movilizaciones durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México en diciembre de 2012, o los detenidos en noviembre de 2014, cuando se prendió fuego a una puerta de Palacio Nacional.

Fuente: Excélsior