El expresident de la Generalitat ha abierto un nueve frente internacional en la crisis catalana y, tal y como anunció este jueves, ha demandado al Estado español ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según ha explicado el abogado que representa a Puigdemont ante la ONU, Ben Emmerson, el Estado ha impuesto «restricciones injustificadas» al ejercicio de sus derechos políticos protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos así como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés).
El preámbulo de la demanda presentada por Puigdemont acusa a las autoridades españolas de «frustrar su reelección como president y, por lo tanto, anular la voluntad expresada democráticamente por el pueblo catalán» el 21-D. Emmerson ha explicado que, a su juicio, el Estado ha vulnerado hasta tres artículos ICCPR con Puigdemont y su gestión de los últimos meses del proceso soberanista.
En concreto, se trata del artículo 19, que según Emmerson protege el derecho a la expresión política pacífica a favor de la independencia de cualquier territorio; el 21, que reconoce el derecho de reunión pacífica y prohíbe imponer restricciones al ejercicio de este derecho en interés de la seguridad nacional; y el 25, que otorga derecho a todos los ciudadanos de un país a presentarse para ocupar cargos públicos.
«Este caso va del derecho de los políticos y de la gente a expresar su apoyo a la independencia que España deniega», ha afirmado Emmerson, que ha indicado que el comité de la ONU puede tardar un mes en decidir si admite o no a trámite la demanda de Puigdemont y la decisión final se podría demorar hasta dos años. Con todo, Emmerson ha advertido que no será la última iniciativa legal: «Seguiremos presentando demandas cada mes hasta que el Gobierno se siente a negociar».
La demanda expone varios hechos constitutivos, a criterio de los abogados de Puigdemont, de las vulneraciones de derechos políticos, como por ejemplo «el uso de una fuerza excesiva e injustificada contra los ciudadanos» por parte de la policía el 1-O. El encarcelamiento de la cúpula independentista «fue diseñado para intimidar a la población», añade el texto. «España está sosteniendo una espada de Damocles sobre la cabeza del pueblo catalán, implementando una estrategia para someter a la población», zanja.
«Como medida correctiva», añade la demanda, Puigdemont reclama al Comité que inste a España a tomar las medidas necesarias para mitigar las violaciones de derechos políticos presuntamente cometidas por el Estado, que según Emmerson deberían traducirse en la apertura de una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno y la Generalitat.
Emmerson es un conocido abogado en materia de derechos humanos. Fue letrado de de Marina Litvinenko, esposa del exagente del KGB Alexander Litvinenko, que murió envenenado en 2006 en su exilio británico, y también se encargó del caso de Moazzam Begg, ciudadano británico que estuvo preso en la cárcel de Guantánamo. También representa a Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Cuixart ante el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU, al que han pedido exigir a España su puesta en libertad.
Fuente: eldiario.es