El ex secretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, permanecerá seis meses en prisión preventiva porque una juez federal le negó un amparo, por el riesgo de que pueda sustraerse de la justicia. El priista está acusado del delito de peculado por 250 millones de pesos.
La resolución de Luz Elba de la Torre, titular del juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, consta de 47 cuartillas, y confirma la negativa de conceder la protección de la justicia al priista que permanece preso en dicha entidad, caso que jueces tanto del orden local como federal se lo están disputando.
Gutiérrez, quien ha alegado ser víctima de tortura en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, solicitó el amparo contra la determinación del juez de Control del Distrito Judicial Morelos, quien impuso la medida cautelar de seis meses de prisión.
En su resolución, la juez señaló lo siguiente: “Se estimó idónea (la medida cautelar), toda vez que dicha medida es la adecuada y suficiente para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento que se sigue en su contra”.
“Se consideró (por el juez de control) necesaria porque si bien no resulta siempre forzosa la imposición de una medida cautelar de esa naturaleza, era menester que se contara con certidumbre de que el imputado se sometería a las determinaciones de la autoridad judicial para que acudiera al proceso; que de estar en libertad no existiría, puesto que no se demostró arraigo del indiciado en esta localidad, la pena de prisión que podría imponérsele mediante la eventual emisión de una sentencia de condena, se estima considerable; por tanto, se encuentra limitado para optar por algún beneficio preliberacional, lo que podría motivar su sustracción de la acción de la justicia, a fin de evitar su imposición”.
Ayer, un juez de Chihuahua resolvió que la justicia local debe tener en sus manos el caso del priista.
En febrero pasado un juez de Control en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el Reclusorio Preventivo Norte, consideró que los recursos por lo que se acusa a Gutiérrez, como estaban destinados al ramo educativo, debían ser perseguidos por un juez federal.
Por existir un conflicto competencial, corresponderá a un Tribunal Colegiado determinar en qué fuero debe ser juzgado el priista.
Funcionarios federales han señalado que solo en caso de que la Procuraduría General de la República decida acusar a Gutiérrez por delitos federales, el asunto pasará en automático a un juez federal.
Fuente: Milenio