El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles que entregará al Congreso documentos con información hasta ahora no revelada sobre la polémica operación “Rápido y furioso”, realizada por la administración del ex presidente Barack Obama en un intento por rastrear el tráfico de armas hacia México.
El Departamento de Justicia llegó a un acuerdo de resolución condicional con el Comité de Supervisión y de Reforma Gubernamental de la Cámara Baja para entregar dichos documentos.
El acuerdo se presentó ante el tribunal federal en Washington D.C., y da fin a seis años de litigios contra la negativa de la administración Obama a presentar los registros relacionados con la operación solicitados por el comité, señaló la cadena de noticias Fox News. En 2012, el Departamento de Justicia, entonces dirigido por Eric Holder, se negó a proporcionar al Congreso documentos sobre el programa.
«El Departamento de Justicia bajo mi supervisión está comprometido con la transparencia y el estado de derecho. Este acuerdo es un paso importante para garantizar que el público finalmente conozca todos los hechos relacionados con la operación ‘Rápido y furioso'», dijo ayer en un comunicado el fiscal General de EU, Jeff Sessions.
“Rápido y furioso” fue una operación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) con la que el gobierno federal permitió a criminales comprar armas en tiendas del área de Phoenix con la intención de rastrearlas mientras eran transportadas hacia México. Pero la agencia perdió la pista de más de mil 400 de las 2 mil armas que permitieron que adquirieran los contrabandistas.
«Durante más de seis años, el Comité de Supervisión de la Cámara Baja ha luchado por obtener documentos adicionales relacionados con la operación ‘Rápido y furioso’. Hoy, el Comité finalmente llegó a un acuerdo condicional con el Departamento de Justicia», dijo a Fox News Amanda González, portavoz del Comité de Supervisión de la Cámara.
«El Comité busca todos los hechos que puedan ser relevantes para que podamos aprender de los errores cometidos por el Departamento de Justicia. Tenemos la responsabilidad de descubrir por qué trabajaron tan duro para ocultar esta información al Comité, a la familia de Brian Terry (agente de la patrulla fronteriza asesinado), y al pueblo estadounidense», apuntó González.
La administración Trump tomó esta decisión apenas un día después de que el hermano de Brian Terry -un agente de la Patrulla Fronteriza de EU asesinado en 2010- pidió al presidente «volver a abrir los registros» y llegar al fondo del escándalo.
Brian Terry murió el 14 de diciembre de 2010 en un tiroteo entre agentes de la Patrulla Fronteriza e integrantes de un grupo delictivo conocido como “Los Bajadores” que se dedicaban a recorrer el desierto en la franja fronteriza de México y Estados Unidos buscando asaltar a traficantes de drogas e inmigrantes indocumentados.
El asesinato de Terry expuso la operación «Rápido y furioso» luego de que dos armas vinculadas al operativo fueron halladas en la escena del crimen.
Heraclio Osorio Arellanes, sospechoso de matar a Terry, fue detenido en mayo de 2017 en una operación conjunta entre el gobierno mexicano y el estadounidense.
«Necesitamos descubrir la verdad, exactamente qué sucedió, cómo y porqué. Necesitamos que el presidente Trump destape los documentos, que utilice el privilegio ejecutivo para que sepamos lo que sucedió, y que podamos hacer responsables a los culpables», dijo el martes pasado Kent Terry, hermano del agente asesinado, en el programa Fox & Friends.
Terry, quien conoció a Trump durante la campaña electoral, dijo que el presidente estaba «muy consternado por las acciones de la administración anterior».
La Casa Blanca todavía no ha publicado una declaración oficial sobre el acuerdo logrado por el Departamento de Justicia.
Fuente: El Universal