Autoridades mexicanas estarían cerca de conocer el móvil que propició el ataque contra los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México y detener a más personas involucradas en el caso, que sacudió al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, dijo el viernes el fiscal encargado del caso.
Alfredo Higuera informó en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá que están cerca de saber por qué el 24 de septiembre de 2014 los estudiantes fueron atacados y posteriormente desaparecidos en el violento estado de Guerrero, en el sur de México.
En las últimas semanas la fiscalía obtuvo información que permitiría, en base a varias hipótesis, desentrañar la causa del ataque, destacó Higuera, quien agregó que tienen herramientas legales para el arresto de 30 personas que habrían participado en el secuestro, entre ellos policías de un municipio cercano a Iguala, donde ocurrieron los hechos.
Más tarde, en una entrevista radiofónica, Higuera descartó que el móvil, como se creyó en un principio, hubiera sido la disputa por un cargamento de droga. «No es este caso la presencia de algún cargamento de droga como fue una de las hipótesis, fueron otras motivaciones», sostuvo.
Diversas investigaciones han apuntado a que el ataque contra los estudiantes pudo ser motivado por una confusión, luego de que tomaran un bus que habría estado cargado con droga sin permiso de la empresa propietaria.
Guerrero es uno de los estados de mayor producción de amapola, planta de la cual se extrae la goma para fabricar heroína, y una ruta de tráfico de droga a Estados Unidos, de acuerdo a investigaciones.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), que representa legalmente a familiares de los jóvenes, dijo ante la CIDH que existen dudas sobre los avances de la fiscalía ya que la última acusación data de diciembre de 2014 y hasta ahora no hay nadie procesado por desaparición forzada.
En medio de la presión de los familiares y del Centro Pro, el Gobierno mexicano aceptó un mecanismo de colaboración de la CIDH que designó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como colaborador en la investigación, de marzo de 2015 a abril de 2016.
El GIEI aportó investigaciones que dejaron al descubierto serias fallas de las pesquisas de la fiscalía y derrumbaron la versión oficial de que los estudiantes habían sido quemados en una enorme pira de un basurero.
También desenmascaró la fuerte y añeja colusión de grupos criminales con policías de ese estado, quienes habrían participado en el ataque y posterior secuestro de los jóvenes.
Los investigadores también hallaron contradicciones en declaraciones de militares, que además tardaron en entregar evidencias de cuando varios estudiantes, aun desaparecidos, eran detenidos por policías. El Ejército nunca accedió a que sus efectivos fueran interrogados por miembros del GIEI.
Fuente: El Universal