Hace casi un mes, 25 días en concreto, que un pozo en Barrancabermeja, en el noreste de Colombia, derrama petróleo por el río Sogamoso. Más de 20 kilómetros de ecosistema afectados por una mezcla de crudo y gas que sale de un foso conocido como Lizama 158 de Ecopetrol, la principal petrolera del país. El balance es de 500 barriles de petróleo, mezclados con agua, lodo y material de arrastre esparcidos. El 70% ya ha sido recogido, según la compañía.
La emergencia comenzó al mediodía del pasado 2 de marzo. A unos 200 metros del pozo empezó a emerger petróleo. «En ese momento, activamos el primer control», aseguran desde Ecopetrol, una de las cinco petroleras más grandes de América Latina. Un día después, notificaron a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el organismo competente en estas situaciones, que estaban atendiendo la fuga que consideraron «pequeña». «Del 5 al 11 de marzo conseguimos aislar el predio y seguimos con el monitoreo», detallan.
Solo 24 horas después, el 12 de marzo, la presión del pozo Lizama 158 aumentó y se multiplicaron las erupciones. El derrame se descontroló. «Lo primero que hicimos fue restringir el acceso a la zona y se cortaron las líneas eléctricas por las fugas de gas», dicen en Ecopetrol. Las fuertes lluvias que comenzaron a caer tampoco ayudaron en las tareas de contención.
«El crudo y los gases siguen saliendo, pero podemos garantizar que el flujo hacia las fuentes hídricas ya ha sido controlado», ha declarado Dionisio Laverde, decano de la Escuela de Ingenierías Fisicoquímicas de la Universidad Industrial de Santander. Ecopetrol ha contratado a una empresa estadounidense con la tecnología necesaria para controlar la presión del pozo y poder sellar definitivamente los cráteres desde los que sale el hidrocarburo.
La petrolera ha desplegado en el terreno un equipo de más de 400 personas. Los especialistas en hidrocarburos realizan tareas de contención con la construcción de un dique y 127 barreras de retención y recolección de fluidos a lo largo de los afluentes del río que han sido afectados. Más de 100 trabajadores pertenecen a las comunidades aledañas. «Son, en su mayoría, pescadores. Les hemos contratado para que colaboren en estos trabajos, conocen mejor que nadie el lugar», apuntan en Ecopetrol.
Hay 69 personas que han tenido que abandonar sus casas y se han realizado 61 consultas médicas preventivas por mareos y vómitos. Las familias de la zona dependen del agua potable que le suministran las autoridades colombianas.
Además, la compañía colabora con la fundación Cabildo Verde en el trabajo de protección al medio ambiente. Por el momento, el equipo de biólogos, veterinarios, ingenieros ambientales y otros especialistas han rescatado 1.235 especies que han sido trasladadas a otros hábitats, según el último informe emitido por Ecopetrol.
El Ministerio de Ambiente colombiano responsabiliza exclusivamente a la empresa de la catástrofe ambiental. «Si Ecopetrol no ha cumplido con las actividades de control y manejo ambiental será drásticamente sancionado», ha dicho Luis Gilberto Murillo, titular de la cartera.
La ANLA y la Procuraduría de Colombia han abierto varias investigaciones para intentar aclarar si, como alega Ecopetrol, el derrame es consecuencia de los movimientos sísmicos que se produjeron en Santander, el departamento al que pertenece el río Sogamoso, el 1 de marzo, o hay otras causas.
«Si se comprueba que la compañía ocultó información relevante que hubiese permitido prevenir esta emergencia ambiental también habrá sanciones», ha reiterado el ministro de Ambiente. Se refiere a un documento al que ha tenido acceso Caracol Televisión. El informe anual de 2017 de Ecopetrol detalla cómo la compañía informó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos de que «el pozo Lizama 158 estuvo en suspensión durante todo un año por problemas mecánicos y por fallas en el revestimiento o la construcción del mismo», según este canal.
«Permanecía cerrado desde noviembre de 2017 porque no era rentable», explican desde la compañía. «Estaba produciendo menos de 90 barriles diarios». El documento especifica también que durante 2018 seguiría fuera de funcionamiento porque se requería «la aprobación de recursos por parte de la junta directiva de la empresa para hacerle arreglos y mantenimientos».
Fuente: El País