La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó y ordenó el descongelamiento de las cuentas bancarias del representante y del tesorero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguradas en 2015 por la Secretaría de Hacienda, cuando se investigó a la disidencia magisterial por un presunto desvío de más de 132 millones de pesos.
El fallo ocurre a casi tres años de la indagatoria que realizó la Procuraduría General de la República contra toda la dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación adherida a la CNTE.
La PGR acusó a los cabecillas de la CNTE de supuestamente cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita entre 2013 y 2015, cuando su líder Rubén Núñez Ginez controló el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Los ministros Javier Laynez Potisek y Margarita Luna Ramos propusieron conceder la protección de la justicia a José Antonio Altamirano Ojeda y Aciel Sibaja Mendoza, representante y tesorero, respectivamente, quienes impugnaron la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La Sala declaró constitucional el mencionado precepto, pero subrayó que éste fue mal aplicado a los quejosos, porque del informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se corroboró que el ejercicio de tal potestad tuvo como causa una indagatoria realizada a nivel nacional, y no de carácter internacional que prevé el congelamiento de cuentas por supuestos actos de terrorismo.
Luna Ramos, quien estudió el caso de Sibaja Mendoza, señaló en su proyecto:
“…no es aceptable que bajo la simple idea de prevención del delito, se permita que una autoridad distinta al Ministerio Público y que a la vez, no tiene el carácter de policía, instrumente medidas de bloqueo de cuentas que conlleven inmovilización, congelamiento o aseguramiento de las mismas, pues si dichas acciones están relacionadas con la presunta comisión de un delito, no cabe duda que son las autoridades competentes en materia penal las que deben ocuparse de la investigación del delito o delitos correspondientes”.
Altamirano reclamó que el 22 de julio de 2015, BBVA Bancomer le comunicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores giró el oficio número 110/F/A/776/2015, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la Secretaría de Hacienda, mediante el cual se solicitó al banco la suspensión de todo acto, operación o servicios con el dirigente magisterial.
De igual manera, la Caja Popular Mexicana, Sociedad Civil de Asistencia Pública de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, comunicó a José Antonio, que “por instrucción de la CNBV, fue introducido en la lista de personas bloqueadas a partir del 24 de julio de 2015″.
Mientras que Sibaja sólo impugnó el aseguramiento de una sola cuenta bancaria.
En febrero pasada, el ministro Eduardo Medina Mora concedió un amparo que ordenó el descongelamiento de las cuentas bancarias de Claudio Felipe Mendoza García, secretario técnico del Comité Administrador de Préstamos Personales de la CNTE.
Fuente: Milenio