El Gobierno mexicano sale en defensa de su proyecto estrella: la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México supondría una pérdida de 120.000 millones de pesos (6.540 millones de dólares) y 70.000 empleos, según los cálculos del ente creado ex profeso por las autoridades del país norteamericano para su construcción. «Son números gruesos, nada fuera de la realidad», ha subrayado el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, en una conferencia de prensa conjunta con el portavoz del presidente Enrique Peña Nieto. El coste total del nuevo aeródromo asciende a 13.300 millones de dólares. «Es una obra de infraestructura clave para el desarrollo del país. No para los próximos seis o 12 años, sino para los 100 próximos años», ha destacado Patiño.
El Ejecutivo mexicano responde así al plan de revisión del proyecto que ha puesto encima de la mesa el candidato que encabeza los sondeos rumbo a las elecciones presidenciales de julio, Andrés Manuel López Obrador (Morena). Por el contrario, sus dos principales rivales en los comicios, Ricardo Anaya (Por México al Frente, una coalición de PAN —centroderecha—, PRD —centroizquierda— y Movimiento Ciudadano —centro) y José Antonio Meade (PRI) han apostado sin fisuras por la continuidad de la mayor obra civil de la historia reciente del país norteamericano.
El primer ejecutivo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México —una sociedad estatal encargada de la construcción y futura explotación del nuevo aeródromo— ha defendido la obra como «uno de los proyectos de infraestructura más estudiados y discutidos de la historia de México, producto de años de análisis por parte de expertos nacionales e internacionales». También ha cerrado filas sobre el emplazamiento elegido, uno de los puntos que más críticas le han granjeado por el hundimiento del suelo sobre el que se asentará: «Texcoco es la única opción cercana a la ciudad que permite multiplicar por cuatro las operaciones [de aterrizajes y despegues] y afrontar así la demanda futura», ha subrayado Patiño. A su lado, el vocero de presidencia, Eduardo Sánchez, incidía en que es «la mejor opción posible» y está «en el mejor lugar posible». «El nuevo aeropuerto será la pista de despegue hacia un México mucho más competitivo».
El proyecto, que supondría la sustitución del aeropuerto hoy en servicio por uno mucho más moderno y de mayor tamaño —es el segundo más grande del mundo en construcción y se convertiría, por mucho, en el más importante de América Latina—, ha despertado las críticas de López Obrador. El cabeza de cartel de Morena apuesta por una revisión integral del proyecto que podría desembocar en la cancelación del mismo. El candidato de la formación de izquierdas sostiene que la obra «compromete dinero a futuro» y rechaza su emplazamiento. Por ello, ha acordado con los representantes del sector privado la creación de una mesa técnica tripartita para analizar la viabilidad y los riesgos de la infraestructura. Este lunes, Meade —ex secretario de Hacienda y uno de los máximos defensores del proyecto— se ha mostrado abierto a aceptar la oferta de López Obrador y de la patronal de constituir un foro que cuente con representantes de los candidatos, de los empresarios y del Gobierno. No así Anaya.
El viernes, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México concluyó el proceso de colocación de 30.000 millones de pesos a través de un fideicomiso (fibra) con la intención de blindar financieramente el proyecto. A esta colocación, la última, se añaden otros 6.000 millones de dólares emitidos en bonos internacionales. En líneas generales, la acogida del mercado financiero de la nueva infraestructura ha sido positiva, después de que el desplome en el precio del petróleo desde el momento en el que diseñó el proyecto obligase al Ejecutivo de Peña Nieto (PRI) a rehacer su hoja de ruta para su financiación: en sus planes iniciales el 60% de la inversión sería pública y el 40% privada; hoy, según ha destacado Patiño, el 70% es privada y solo el 30% restante es pública.
El Gobierno mexicano insiste en que, en su actual esquema, el proyecto es autofinanciable con las tasas aeroportuarias que abonan —y abonarán— los viajeros que pasan por el actual y el futuro aeropuerto de la capital mexicana. «Con esto, la próxima administración no enfrentará presiones financieras para terminar la construcción del nuevo aeropuerto porque no representa deuda pública ni cuenta con la garantía del Gobierno federal», ha subrayado el máximo responsable del ente público que administra la obra.
Fuente: El País