Después de meses de crisis política, el gobierno de España espera por fin imponerse sobre los independentistas catalanes; esta vez por medio de los tribunales ante el probable juicio de su líder, recién detenido en Alemania por una orden girada desde Madrid.

Sin embargo, si Carles Puigdemont es extraditado a España después de meses fuera, enjuiciarlo podría resultar contraproducente si revive el espíritu del independentismo y termina por prolongar un tema que ha puesto en jaque la cohesión geográfica del país.

Desde 2012, los políticos en Madrid y en Barcelona han hablado más al aire que entre ellos, lo que resultó en que una disputa sobre las demandas catalanas (por temas como un mejor reparto de los impuestos) creciera hasta alcanzar el reto independentista actual. El presidente Mariano Rajoy ha insistido en lidiar con el asunto como una disputa de cumplimiento de la ley, y no uno político.

Las cortes españolas declararon ilegal el referéndum independentista del 1 de octubre pasado y los intentos del gobierno español de bloquear el voto solamente han hecho enojar a más personas en Cataluña.

El juez del Tribunal Supremo de Justicia Pablo Llarena ordenó el 23 de marzo el arresto de cinco políticos independentistas en Cataluña y reactivó las órdenes de detención europeas para seis más, incluido Puigdemont, que salieron de España para evitar los cargos.

Las autoridades del gobierno central acusan a Puigdemont de rebelión y malversación, y ahora una corte regional en Alemania tiene un plazo de sesenta días para decidir su extradición. Sin embargo, si el único cargo con el cual se acepta la extradición es el de corrupción eso pondría en aprietos al gobierno español, pues no podría enjuiciarlo por las acusaciones referentes al independentismo, que para Madrid son el tema central.

“España está creando una situación en la cual se les pide a los jueces europeos resolver el tema de Cataluña en vez de a sus políticos”, dijo Sergi Pardos-Prado, profesor de política de la Universidad de Oxford. “En momentos en que la Unión Europea necesita más legitimidad y reconectar con los ciudadanos, ¿cómo podría esto no hacerlo parecer un proyecto distante y tecnócrata?”.

El abogado Gonzalo Boye, que representa a dos de los políticos acusados por España, dijo a medios locales que confiaba en que un juez extranjero no avalaría que sus clientes enfrenten un juicio por los cargos de rebelión. “Es difícil que Alemania extradite a Carles Puigdemont porque los hechos descritos por el juez Llarena no se corresponden con ningún delito contemplado en el ordenamiento jurídico alemán”, añadió en declaraciones a una estación de radio catalana.

El arresto de Puigdemont también ha hecho que el tema catalán irrumpa de nuevo en la agenda europea, lo que pondría a prueba las relaciones germanoespañolas, en momentos en que los gobiernos europeos se habían mantenido al margen de las aspiraciones independentistas en Cataluña. El tema también desata cuestionamientos sobre si toda la Unión Europea concibe de la misma manera el Estado de derecho y cómo va a responder a otros movimientos separatistas en la zona.

Madrid busca el arresto de otros catalanes en Escocia, Bélgica y Suiza, donde los funcionarios han puesto en duda si sus sistemas legales requieren la extradición a partir de los cargos de rebelión. El mismo Puigdemont estuvo varios meses en Bélgica, donde se encuentra la sede de la Unión Europea; ese país no consideró que estuviera en riesgo de huir para arrestarlo, pero la jueza alemana que revisa la situación de Puigdemont ordenó que justamente sea mantenido en prisión de manera provisional por riesgo de huida.

El arresto del expresidente catalán se da en momentos críticos para el bloque europeo. Sigue pendiente la negociación final del brexit, la salida británica de la Unión Europea; en Italia hay una agitación populista después de una elección que favoreció al Movimiento Cinco Estrellas; en Francia va creciendo un descontento laboral contra Emmanuel Macron; las fricciones entre el liderazgo del bloque en Bruselas con los gobiernos de derecha de Hungría y Polonia ante denuncias de que están coartando derechos han resultado en un ambiente en el que no son bienvenidos nuevos retos a la unidad, y, más recientemente, ha habido una escalada en el conflicto diplomático con Rusia.

También son momentos difíciles para el independentismo catalán, que parece estarse quedando sin opciones dentro del marco legal y político. Después de la declaración de independencia de finales de octubre, revertida, y de elecciones anticipadas, los tres partidos independentistas no han podido ponerse de acuerdo entre ellos para investir a un nuevo líder de la Generalidad.

Puigdemont y los otros independentistas acusados, además, denuncian que no tendrían un juicio justo en España. Madrid descarta tales afirmaciones como otro reto al Estado de derecho en España por parte de políticos que, dice, ya han hecho caso omiso de decisiones de la corte constitucional, como la declaración de que el referéndum del 1 de octubre era ilegal.

“Podemos debatir el enfoque específico de la fiscalía y de los jueces, pero sí hay bases legales para el caso”, dijo Enrique Gimbernat, profesor de derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid.

Aun así, varios expertos jurídicos españoles reconocen que los fiscales parecen estar orillando al poder judicial hacia un terreno desconocido. También han notado que arrestar a los independentistas es una solución menos viable que un acuerdo político, sin importar cuántos políticos catalanes sean detenidos y enjuiciados.

Las elecciones regionales anticipadas que convocó Rajoy en diciembre terminaron por evidenciar las profundas divisiones en la sociedad catalana. Puigdemont y otros independentistas obtuvieron una mayoría parlamentaria algo ajustada con casi el mismo porcentaje de votos –47,5 por ciento– que habían sumado dos años antes.

“Me parece absolutamente contraproducente usar la ley penal y a esta corte para resolver un conflicto político-constitucional”, dijo José Antonio Martín Pallín, exjuez del Tribunal Supremo de Justicia.

Los manifestantes catalanes han vuelto a regresar a las calles de Barcelona y de otras ciudades desde que el juez Llarena anunció las imputaciones el viernes. Roger Torrent, el presidente del parlamento catalán, ha impulsado el que los legisladores voten a Puigdemont en ausencia, aunque el mismo expresidente se descartó hace poco como candidato. Mientras que los parlamentarios de oposición en Cataluña ahora exigen que renuncie Torrent.

Los independentistas tienen dos meses más para formar un gobierno o deberán convocar a nuevas elecciones.

“El arresto de Puigdemont no cierra la brecha entre los partidos separatistas sobre qué hacer ahora”, escribió en una nota de análisis Antonio Barroso, de la consultora Teneo Intelligence, ubicada en Londres.

La política española también ha enfrentado cambios en los últimos años: el gobierno de Rajoy ahora es de minoría y su Partido Popular quedó en último lugar en las elecciones catalanas. Está presente el riesgo de que el partido sea desbancado por Ciudadanos, fundado hace unos años con una plataforma antiindependentista y que obtuvo la mayor cantidad de votos en diciembre.

“Uno puede criticar a los líderes de ambos lados y cómo han manejado todos los aspectos del conflicto, pero no creo que se deba ver como un conflicto entre el Estado de derecho y la democracia”, dijo Alan Solomont, exembajador de Estados Unidos en España que ahora dirige el Tisch College of Civic Life en la Universidad Tufts. Un mejor enfoque, a decir de Solomont, es que “Cataluña es una región, sujeta a la Constitución española de 1978, y que un gobierno central siempre tiene el derecho de ejercer la ley nacional”.

En el 2014, el gobierno catalán también desafió a Madrid con una consulta independentista no vinculante. El entonces presidente catalán, Artur Mas, fue inhabilitado de tener cargos públicos por organizar la votación, declarada inconstitucional. Eso no previno que años después hubiera otra votación similar.

En octubre, el fiscal español decidió imputar a los líderes catalanes por el nuevo referéndum con cargos de rebelión, aunque el código penal español había sido revisado para establecer que debía haber un componente de violencia para esa acusación. El delito conlleva una sentencia de hasta treinta años de prisión.

Las autoridades españolas también han aumentado la pesquisa, con casos contra directivos de medios catalanes y oficiales de los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica), así como cateos de oficinas en busca de evidencia sobre la organización del referéndum. Hasta ahora sus hallazgos exceden 15.000 páginas de reportes policiales.

Javier Ortega, líder de Vox, un pequeño partido de ultraderecha, describió el impulso independentista catalán como un “golpe de Estado fallido encabezado por personas que ya establecieron las estructuras de un Estado paralelo”. Vox es un partido pequeño y marginal. Pero el juez Llarena esbozó un argumento similar en su decisión del 23 de marzo al sugerir que los eventos en Cataluña tienen semejanzas con un golpe fallido de 1981.

Puigdemont había viajado a Finlandia la semana pasada y dejó ese país el viernes, condujo por la península escandinava mientras lo seguían agentes del servicio secreto español. Fue detenido al cruzar por Alemania, cuyo código penal, a decir de las autoridades españolas, permitirá la extradición.

Christian Mölling, director de investigación del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, dijo no encontrar razón por la cual Puigdemont no pueda ser extraditado.

“Si movemos esto al ámbito político, sería una declaración de bancarrota para el poder judicial”, dijo. “Precisamente tenemos cortes para no politizar los asuntos”.

Una versión anterior de este artículo detalló incorrectamente la condena de Artur Mas: fue sentenciado a pagar una multa de 36.500 euros e inhabilitado durante dos años, pero no arrestado.

Fuente: El País