La Fiscalía General del Estado de Veracruz y el gobernador Miguel Ángel Yunes continuarán impedidos, legalmente, porque no pueden dar información o filtrar datos que formen parte de la carpeta de investigación iniciada contra el ex secretario de Seguridad Pública Estatal, Arturo Bermúdez Zurita, y 18 ex mandos más, a quienes se vinculó a proceso como probables responsables del delito de desaparición forzada.

Lo anterior, porque el Primer Tribunal Colegiado con residencia en la mencionada entidad, declaró infundado el recurso de queja que interpuso la fiscalía veracruzana contra la suspensión que obliga a las autoridades estatales no hablar sobre el tema.

La resolución del tribunal fue dada a conocer este martes a través de listas de acuerdos.

Hace unos días, el juez Décimo Séptimo de Distrito del estado de Veracruz con residencia en Xalapa, concedió la suspensión a Bermúdez Zurita y a ex mandos, quienes demandaron que el gobierno estatal no dé detalles de lo que contiene la carpeta de investigación.

El acuerdo del juez de primera instancia señala que el derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita un juicio ante la sociedad que contribuya así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquélla.

“En este sentido, se estima que al proporcionar información sobre hechos delictuosos, las autoridades deben abstenerse de deformar la realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo”, manifestó el acuerdo del juez Décimo Séptimo de Distrito del estado de Veracruz con residencia en Xalapa.

El juzgador detalló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el Caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, que el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado.

En días pasados, la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez vinculó a proceso a los ex mandos señalados del delito de desaparición forzada contra 15 personas.

La juzgadora ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso y cuatro meses para la investigación complementaria.

Entre los vinculados a proceso están el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita; del ex comandante de la Fuerza Civil, Roberto González Meza, y de Óscar Sánchez Tirado, quien fue director general de reclusorios.

Fuente: Milenio