El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes inmiscuirse en el futuro del programa DACA y decidió que el caso se siga dirimiendo en las cortes inferiores. Eso significa que, por ahora, se mantiene la protección que impide la deportación a unos 700.000 dreamers, inmigrantes indocumentados que llegaron como menores de edad a EU.
Trump había ordenado que el programa finalizara el 5 de marzo si el Congreso no adoptaba antes una solución, lo que no ha ocurrido. Sin embargo, en las últimas semanas jueces federales de California y Nueva York han dictaminado que DACA no puede rescindirse por el momento y que la Administración debe seguir aceptando, pasada esa fecha, las solicitudes de renovación del estado migratorio de esas personas.
Los magistrados de California y Nueva York consideraron válido el argumento de los demandantes (organizaciones sociales y varios Estados) que esgrimen que fue inadecuado el proceso utilizado por el Gobierno para acabar con las protecciones a los dreamers. Uno de los argumentos de los demandantes es que el fin del programa es discriminatorio, lo que vulneraría la protección de igualdad bajo la ley amparada por la Constitución.
Tras la sentencia del tribunal de California, la Administración federal tomó una decisión inusual y arriesgada. En vez de recurrir la sentencia al Circuito de Apelaciones federal correspondiente, en ese caso el ubicado en San Francisco, el Departamento de Justicia decidió pedir directamente la intervención del Supremo, la máxima autoridad judicial del país. El Gobierno cree que el tribunal de apelaciones tiene inclinaciones progresistas y que, por tanto, podía ser más seguro y sobre todo rápido acudir al Supremo, donde hay una mayoría de juristas conservadores.
Sin embargo, los miembros del Supremo acordaron este lunes que “la corte de apelaciones procederá con expedición para decidir este caso”. Raramente el Alto Tribunal decide escuchar un caso antes de que lo haya hecho una corte de apelaciones, el circuito inferior correspondiente. Una de las pocas veces que ocurrió fue durante el caso Watergate contra el presidente Richard Nixon en los años setenta.
El Departamento de Justicia anunció en septiembre el fin de la directiva del Gobierno de Barack Obama, que concede permisos temporales de residencia legal en EE UU para decenas de miles de dreamers para trabajar, estudiar o servir en el Ejército. Desde entonces, el presidente Trump —cuya política de mano dura en inmigración le catapultó a la Casa Blanca— ha instado al Congreso a aprobar una ley que impida la deportación de ese colectivo a cambio de adoptar políticas restrictivas en seguridad, como su proyecto de construcción de un muro fronterizo con México.
El Congreso, por ahora, ha sido incapaz de alcanzar el consenso necesario para aprobar una ley que proteja a los dreamers y es una incógnita cómo puede afectar la decisión del Supremo al calendario de los legisladores.
Fuente: El País