En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha repartido de manera discrecional hasta más de 63 mil millones de pesos al año a través del Ramo 23, incluso con «interpretaciones políticas» para favorecer a gobernadores, denunció la organización México Evalúa.

Entre las conclusiones del informe Arquitectura del Ramo 23, dado a conocer este martes en conferencia de prensa, la organización destaca que existe un «patrón en el que las decisiones de gasto público son tomadas dentro de una arquitectura institucional discrecional que, en lugar de promover buenos resultados, ha contribuido a diluir la calidad del gasto público», lo cual convierte a la aprobación presupuestaria «en un simulación».

Esto ha ocasionado excesos, advierte la organización: de una autorización presupuestal de 22 mil millones de pesos para gastar a través de los programas discrecionales, el gobierno en lo que va de la administración gastó más de 290 mil millones de pesos.

Mientras en la administración anterior, el gasto promedio anual repartido de manera discrecional era de 14 mil 230 millones de pesos, en el actual exenio la cifra llegó a 63 mil 693 millones de pesos.

Entre 2009 y 2012, el total ejercido bajo los tres programas que echan mano del Ramo 23 (Fondo para el Fortalecimiento Financiero, Programas Regionales y Contingencias Económicas) fue de 56 mil 922 millones de pesos, mientras que entre 2013 y 2017, fue de 318 mil 465 millones de pesos.

Esta cifra, explicó Mariana Campos, investigadora de México Evalúa, al presentar el documento, equivale a 30% del incremento en la recaudación tributaria entre 2014 y 2017, que incluye el incremento de impuestos y el alza al precio de las gasolinas.

Además, asegura que dichas transferencias discrecionales no se tratan de un «accidente, sino de un diseño institucional que debe cambiar».

La organización identificó que factores como una regulación fragmentada y deficiente, una Secretaría de Hacienda que actúa como juez y parte y un Congreso que no sirve de contrapeso han permitido que el llamado Ramo 23 transfiera una cantidad «importante» de recursos a estados y municipios «a criterio exclusivo de la SHCP, siendo susceptible de usarse políticamente».

En el informe, la organización no gubernamental advierte que existe una inconsistencia entre el gasto ejercido y el presupuesto aprobado, donde el gobierno federal ha seguido gastando más y de manera diferente a lo que aprueba el Congreso.

En México, a diferencia de otros países democráticos, la SHCP goza de amplias facultades para asignar recursos excedentes provenientes de impuestos y aprovechamientos sin justificar ni informar y también sin regular dichas adecuaciones a los presupuestos asignados.

Esto, dice la organización, «debilita la función del Congreso en su rol de vigilante efectivo del ejercicio del gasto».

Por lo tanto, recomendó controlar la discrecionalidad a través de objetivos claros con un diseño documentado que permita el monitoreo y la evaluación, además de revisar las facultades de la SHCP, oficialías mayores y el Congreso para asignar y vigilar el uso de recursos y prohibir subsidios sin reglas de operación.

También, promover mayor independencia fiscal a los gobiernos locales, transparentar la entrega de subsidios y los convenios que se firman, regular los mecanismos de asignaciones presupuestarias y garantizar un contrapeso de las mismas, entre otras acciones.

Dinero con uso político

México Evalúa encontró que las transferencias discrecionales han favorecido a gobernadores pertenecientes al mismo partido que el Ejecutivo Federal, situación que se observó tanto en la última administración panista como en la actual priista, pero también han perjudicado a gobiernos emanados de partidos distintos al del gobierno federal.

El análisis señala transferencias del Ramo 23 a través de tres programas de subsidios que son transferencias directas a gobiernos locales: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales, y Contingencias Económicas.

Además el uso de estos recursos del Ramo 23 ha presentado serias irregularidades al ser analizados por la Auditoria Superior de la Federación.

Suma de irregularidades

En las revisiones a las Cuentas Públicas 2013 a 2016, México Evalúa refiere que estos subsidios acumularon una cantidad considerable de irregularidades. «Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle recursos, por qué, cuánto y cuándo», explica.

El informe, elaborado por Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas, así como por Liliana Ruiz y Alejandro García de México Evalúa, revisó el comportamiento de Nuevo Léon, Estado de México, Veracruz, Durango, Chihuahua, Chiapas, Jalisco y Sonora.

En el caso de Nuevo León se detectó «que los vaivenes en lo transferido a través de estos programas coinciden con posibles simpatías políticas entre el Gobierno federal y estatal. Cuando el partido en poder a nivel federal ha coincidido con el estatal, el estado recibió transferencias de mayor monto, mientras que en el caso contrario ha recibido transferencias por un menor monto».

En el Estado de México se detectó que recibió transferencias del orden de los 8 mil millones de pesos a través de estos programas federales; se trata del triple de lo que ha recibido el promedio de los estados y una cantidad considerablemente mayor a lo que recibió este estado con el PAN.

En Sonora, México Evalúa detectó un comportamiento atípico. Cuando el PAN ocupó la Presidencia transfirió recursos mayores a la media nacional a este estado gobernado por el mismo partido (2010-2012). En 2011, fue el estado que más recursos recibió, año previo a la elección presidencial con gobiernos del mismo partido. Una vez que el PRI estuvo a cargo del Ejecutivo, asignó al estado panista recursos cuantiosos por estos programas, muy por arriba de la media nacional. La organización sugiere que este gobierno dio recursos a un partido de oposición para conseguir apoyo para hacer reformas.

Otro ejemplo, señala México Evalúa de cómo varían las transferencias de subsidios federales en función de la afinidad política es Veracruz.

«Cuando el PAN se encontraba en la Presidencia, y el estado era gobernado por una administración del PRI, esta entidad prácticamente no recibió recursos, -en tres de los cuatro años recibió cero, incluido el año 2010 cuando hubo elección de gobernador-. Solo en 2009 recibió recursos por estos conceptos y el monto fue menor al promedio nacional. Sin embargo, en cuanto el PRI volvió a la Presidencia en 2013, comenzó a canalizar recursos federales sin reglas de operación a Veracruz, estado cuyo gobernador era también priista».

En el estado de Durango en la elección estatal de 2010, la administración federal y estatal eran de distinto partido, entonces el estado recibió menos recursos que el año anterior y el promedio nacional. Para la elección del 2016 cuando ambos gobiernos eran del mismo partido, coincidió con que recibió el monto máximo de recursos del periodo analizado.

En Chiapas en el periodo 2009-2012, cuando el estado era gobernado por la coalición PRD-PT-Convergencia, la entidad recibió recursos federales del Ramo 23 mayores que la media nacional.

El informe señala que en la elección estatal con gobiernos de distinto partido le tocó un monto menor al promedio nacional por única vez.

En 2012 recibió recursos 16.9 veces menores que los que recibió en 2010 y siete veces menores que los que recibió en 2009.

Cuando el PRI recuperó la Presidencia y la coalición PVEM-PRI-PANAL llegó a la gubernatura del estado, los recursos comenzaron a fluir nuevamente hacia la entidad federativa en montos mayores a los transferidos en la administración anterior.

En Jalisco en el periodo 2009-2012, el PAN estaba en la Presidencia y envió recursos al estado panista que superaron la media nacional en los años 2010 y 2011.

El informe concluye con un dato que hará enojar a los contribuyentes, pues «casi una tercera parte de los recursos adicionales recaudados por mayores impuestos (ISR, IVA, IEPS gasolinas, etc.) se asignaron a tres programas discrecionales del Ramo 23 sin regulación, sin garantía de que su diseño sea apropiado y sin evidencia de que se encuentren vinculados al Plan Nacional de Desarrollo. Además de las observaciones graves que ha hecho la ASF al ejercicio de estos recursos en los estados, se ha encontrado que cuando se gastan no cuentan con documentos para comprobar en qué se ejercieron».

Fuente: Milenio