El expresidente de la región de Cataluña Carles Puigdemont solicitará a un juez del Tribunal Supremo permiso para participar en persona en el pleno de investidura del Parlamento autonómico, el martes 30, en el que es candidato a la reelección.
Puigdemont huyó a Bruselas el 30 de octubre y desde entonces elude la orden de la Justicia española, que le investiga por presuntos delitos de rebelión y sedición, entre otros, por impulsar un proceso secesionista ilegal.
Si pisa territorio español será detenido y llevado ante el Tribunal Supremo y por eso va a pedir al juez Pablo Llarena, que instruye esa causa, que le permita estar en Barcelona (noreste) el martes próximo.
Obtener ese permiso es el único modo para hacer legal el debate de investidura del dirigente independentista, después de que en la noche del sábado se pronunciara al respecto el Tribunal Constitucional (TC) español.
El Gobierno de Madrid había recurrido de urgencia ante el TC para que impidiera un eventual debate de investidura a distancia, ya que Puigdemont manejaba la hipótesis de participar por videoconferencia o con un discurso que sería leído por un diputado de su grupo.
La petición que Puigdemont planteará al Supremo es inminente, según anunció uno de sus principales colaboradores y antiguo integrante de su Gobierno, Josep Rull, quien criticó el dictamen del Constitucional por «inaudito, con medidas cautelares impropias».
El acuerdo del TC ha causado un profundo debate en España, puesto que no se ha pronunciado sobre lo que le pedía el Gobierno, que era suspender el pleno del martes en el Parlamento catalán y la candidatura de Puigdemont como prófugo de la Justicia.
Ha dejado para más adelante ese debate y ha optado por una medida cautelar que obliga al candidato independentista a acudir en persona si quiere ser elegido presidente autonómico, lo que no está claro, porque requeriría el aval del juez del Supremo.
El mismo magistrado ahora interpelado, Pablo Llarena, negó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los diputados electos Joaquim Forn y Jordi Sánchez acudir a la sesión de apertura del ‘Parlament’, hace unos días y les mantiene en prisión provisional por los mismos delitos que atribuye a Puigdemont.
Fuente: Excélsior