Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados del PAN, PRD, Morena y de Movimiento Ciudadano presentaron este jueves ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la primera acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, en vigor desde diciembre pasado.
El bloque opositor de legisladores rebasó las 167 firmas requeridas para interponer el recurso en el máximo tribunal, al reunir 188.
A la Corte acudieron el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri; el líder de la bancada del PAN, Marko Cortés; y el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez.
Del Movimiento de Regeneración Nacional no acudió ningún diputado.
El panista Marko Cortés precisó que impugnaron la Ley de Seguridad en su totalidad y también los 28 artículos que la componen, porque son violatorios a los derechos humanos y al acceso a la información pública.
«A nosotros nos preocupa en su totalidad la ley, por eso impugnamos su totalidad, pero también los 29 artículos para que así los ministros de la Corte puedan recibir esta propuesta», indicó en entrevista.
El legislador michoacano afirmó que el PAN pidió al presidente Enrique Peña Nieto escuchar a la sociedad civil antes de publicar la norma, por lo que, dijo, ahora solicitan a la Suprema Corte atender todas las voces durante el proceso de revisión.
«Pedimos al máximo tribunal que en este juicio que realizará, escuché todas las voces, las que están a favor de la ley, pero también las voces que están en contra.
Las voces nacionales e internacionales, para que finalmente tengan la última palabra y le corrijan la plana al PRI y al gobierno» señaló.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, aseguró que nunca había visto un consenso en contra de una Ley, que ha sido cuestionada por organismos nacionales e internacionales.
El municipio de San Pedro Cholula, Puebla, interpuso el recurso de inconstitucionalidad del decreto por considerar que violenta de manera flagrante su autonomía.
El líder del PRD, Francisco Martínez, aseguró que la norma está provocando que se debilite aún más a las policías estatales y municipales del país.
Fuente: El Universal