La Suprema Corte de Justicia ordenó hoy la destitución y consignación penal de Erwin Castelán, alcalde priista de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, así como la consignación penal de su antecesor, el diputado federal tricolor David Sánchez Isidoro, y de otros funcionarios municipales por desacato reiterado a una sentencia de amparo.
Además, el Pleno de la Corte también determinó hoy separar del puesto y acusar penalmente a Pablo Pérez Maceda, alcalde de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, así como a todo el Cabildo.
En el caso de Castelán y Sánchez, el amparo en cuestión ordena desde abril de 2013 pagar 2.3 millones de pesos por un laudo laboral favorable a Julián Domínguez Zamudio.
Por lo que toca a Tlacotepec, el municipio fue omiso en pagar 967 mil pesos a la dueña de un terreno de 400 metros cuadrados que fue invadido ilegalmente para una obra pública.
Todos los ahora ex funcionarios serán acusados directamente por la Corte ante jueces federales del Estado de México y Puebla por el delito de desacato a una sentencia de amparo, sancionado con 5 a 10 años de cárcel.
En el caso de Sánchez Isidoro, no pierde su puesto como diputado, pero el fuero no lo protegerá del proceso penal, pues se trata de una sanción Constitucional aplicada directamente por la Corte, que no está sujeta a las reglas para los delitos ordinarios perseguidos por las procuradurías.
Las resoluciones de hoy, sumadas a la de ayer para sancionar al alcalde y nueve regidores del cabildo de Paraíso, Tabasco, marcan un endurecimiento sin precedentes de la postura de la Corte para castigar el desacato reiterado a sentencias de amparo.
En el pasado, la Corte ha aplicado esporádicamente la sanción prevista en el artículo 107 de la Constitución, que es inapelable y tiene efectos inmediatos sobre las autoridades responsables.
Sin embargo, en noviembre pasado, el Pleno destituyó sorpresivamente al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, y el presidente Luis María Aguilar advirtió que la Corte Aguilar advirtió en varios discursos públicos que la todas las autoridades tenían que cumplir las sentencias.
Aguilar perfiló la lista de inicio de año de la Corte precisamente con ese fin, pues el Pleno se ha dedicado a revisar incidentes de inejecución de sentencia.
Fuente: Reforma/ Notimex