Benjamín Torres Uballe
El nivel de la confrontación entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI-gobierno va in crescendo. Cualquier tema es un buen pretexto para que ambos contendientes en pleno proceso electoral se den con todo. Verdades o mentiras salpican lo que queda de la exigua “reputación” de los dos partidos políticos.
Hemos visto, no hace mucho, cómo a través de El Universal le tundieron por semanas al entonces presidente del blanquiazul y hoy precandidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés. El golpeteo fue intenso, con obuses de grueso calibre; no obstante, a pesar del escándalo mediático, no pudieron dinamitar al Joven Maravilla, quien hoy es virtual candidato del PAN a Los Pinos.
Tanto encono entre priistas y panistas deriva del rompimiento de Anaya Cortés con la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Ya no hubo más acuerdos ni alianzas en el Congreso, pues el otrora dirigente azul ya tenía muy bien delineado su proyecto para contender en 2018. El fuego se atizó cuando Acción Nacional impugnó ante los tribunales el triunfo tricolor en las elecciones al gobierno de Coahuila, bajo el argumento de rebasar el tope de los gastos de campaña.
Al inicio de la semana, en una “conferencia” en la CDMX —que fue calificada por el presidente Peña Nieto como mero acto político—, el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado, denunció ante los medios de comunicación “el manejo manipulador del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y del subsecretario Miguel Messmacher, quienes ante el señalamiento de que no se transfirieron a Chihuahua 780 millones de pesos ya convenidos, primero hablaron de que el número de cuenta estaba equivocado y después que ya habían entregado todos los recursos”.
Corral afirma que se trata de un una represalia por la investigación del desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua —durante la gubernatura del hoy prófugo César Duarte— mediante una triangulación hacia empresas fantasma, y que luego se fueron a las arcas del tricolor. Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI y considerado operador del exdirigente de ese partido, Manlio Fabio Beltrones, está actualmente preso, bajo acusaciones de haber realizado el presunto desvío.
Ante ello, la Secretaría de Hacienda negó las imputaciones y aseguró que las transferencias referidas por el mandatario de Chihuahua se han realizado en tiempo y forma; además —precisó la dependencia—, la entidad recibió mayores recursos por ingresos excedentes. En tanto Aurelio Nuño acusó al gobierno de Corral de torturar al detenido Alejandro Gutiérrez. Hecho que la Fiscalía chihuahuense rechazó. Por su parte, Beltrones obtuvo un amparo para no ser detenido ni citado a declarar por la supuesta desviación de los 250 millones referidos.
De ese tamaño es la “guerra” que sostienen PRI y PAN y que seguramente se intensificará conforme se aproxime el día de las elecciones. Todo se vale —legal e ilegal— con tal de conservar o hacerse del poder. Entretanto, la sociedad mexicana es testigo de muchas artimañas, en lugar de escuchar propuestas serias y viables. Y lo más paradójico es que los contribuyentes pagan el costo del circo.
Mientras se dilucida si hubo o no desvío —y Chihuahua arde por la violencia—, lo cierto es que la credibilidad en los partidos y clase política sigue a la baja. Pocos o nadie creen ya en ellos; están convertidos en un lastre para la economía y democracia del país. El hartazgo social por tanto saqueo y abuso llegó al límite. México es una nación con vastos recursos, a la que históricamente ha sido muy fácil meterle mano sin mayores problemas desde los puestos públicos. La voracidad de quienes llegan a operar recursos del erario en municipios, estados o la Federación ha provocado alta marginación y pobreza. ¡Ah, eso sí!, ha generado también funcionarios millonarios que, junto con familiares y camarillas, viven como virreyes.
Son tantas carencias las que padece el grueso de los mexicanos. Prácticamente uno de cada dos habitantes se ubica en pobreza (53.4 millones, según el Coneval, donde 9.3 millones están en pobreza extrema), por lo que resulta altamente inmoral y ofensivo enterarse del uso perverso que de manera recurrente los políticos dan al dinero público y, además, con la obligación de mantenerlos con sus altos salarios, injustificadas prerrogativas, condenable incapacidad y soportar sus tratos déspotas.
No se quieren escuchar más chismes y señalamientos de gobernadores y funcionarios demagogos e incompetentes; tampoco de precandidatos populistas. México requiere, sin dilación, retomar el rumbo de un auténtico desarrollo que beneficie a cada ciudadano, que nadie pase hambre, ni que carezca de una educación de calidad o de un empleo digno y justamente remunerado en un marco de oportunidades que actualmente no existe. México es un país con una de las desigualdades sociales más profundas. De eso, como rector de la economía —entre otras áreas fundamentales—, el gobierno es directamente culpable.
Justamente por ello es reprobable e indigno que la clase política se dedique incansablemente a lanzarse lodo en lugar de trabajar por sacar a este gran México del subdesarrollo. Así que, señores del PAN y del PRI-gobierno, dedíquense a trabajar. Basta de espectáculos circenses.
@BTU15
