Poco después de darse a conocer que el expolicía rebelde, Óscar Pérez, murió de un tiro en la cabeza, se informó el sábado que sus restos fueron trasladados a un cementerio del este de Caracas para ser enterrados sin autorización de sus familiares.
Pérez y otras seis personas —cuyos cuerpos también fueron transportados— murieron a inicios de semana en medio de una operación de las fuerzas de seguridad de Venezuela. La tía de Pérez y una congresista opositora dieron a conocer la noticia del traslado horas después de que se difundiera la información del acta de defunción que entregaron las autoridades a la familia.
De acuerdo con una legisladora de la oposición, el tiro en la cabeza abre la posibilidad de pensar en un ajusticiamiento.
Aura Pérez, tía del expolicía, dijo a un portal de noticias que su sobrino fue sacado sin su autorización de la morgue y llevado a un cementerio para enterrarlo en privado. Mientras daba esta declaración, la mujer iba a bordo de un vehículo para tratar de llegar al cementerio donde estarían los restos, aunque el camposanto había sido tomado por guardias con equipos antimotines.
La presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el caso, diputada opositora Delsa Solorzano, también aseguró que no se informó de la situación a las familias y a través de un video en su cuenta de Twitter expresó que las fuerzas de seguridad impedían el acceso de las personas cercanas a los fallecidos para presenciar el entierro.
Según la autopsia de Pérez, que fue difundida por medios locales, la causa de la defunción fue un “traumatismo craneoencefálico severo (…) herida por arma de fuego disparado a la cabeza”.
Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre la causa de la muerte de Pérez y las otras seis personas, entre ellas una mujer, que perecieron el lunes pasado durante un enfrentamiento con militares y policías. La operación ocurrió en la barriada pobre de El Junquito, al oeste de la capital, donde el expolicía estaba escondido.
“Hay un patrón que anuncia la posibilidad de un ajusticiamiento”, declaró Solorzano a The Associated Press. Precisó que ese elemento será incluido en el informe que está preparando la comisión parlamentaria.
Amnistía Internacional y otras organizaciones humanitarias han condenado la operación en la que murió Pérez y sus compañeros y han denunciado que las siete personas habrían muerto en una “ejecución extrajudicial” a pesar de haber anunciado su rendición tras ser descubiertos por las autoridades en el lugar donde estaban escondidos en el Junquito.
Fuente: The Associated Press