El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé imponer una nueva sanción millonaria al PVEM por 10.7 millones de pesos por aparentar la contratación de 34 viajes aéreos que resultaron falsos.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, en 2013 el PVEM reportó haber gastado 5.3 millones de pesos para trasladar a integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en aeronave privada.

El servicio de “taxi aéreo” habría sido prestado por Grupo México de Convenios Internacionales, empresa que incluso habría facturado el servicio, de modo que el partido entregó al INE “contratos, cheques y facturas, de la presunta contratación del servicio de taxi aéreo”.

Pero esos vuelos no ocurrieron, según se derivó de los informes rendidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil, la autoridad en materia de aviación, “informó que no cuenta con registro de la realización de los 34 vuelos”, y la empresa no presta servicios de aerotaxi.

La empresa Servicio Integrales de Aviación S.A. de C.V., poseedora de la aeronave Learjet, modelo 60, serie 250, con matrícula XA-FLY –que supuestamente realizó los viajes- también negó haber realizado operaciones comerciales con Grupo México de Convenios Internacionales, S.A. de C.V., salvo un vuelo el 22 de marzo de 2013.

Con ello, el INE concluyó que hubo un intento de engaño a la autoridad fiscalizadora y propondrá, en sesión del miércoles, sancionar con 200% el monto involucrado, es decir, 10.7 millones de pesos, además de una sanción menor por 647 pesos por otra falta.

“Resulta incuestionable que el sujeto obligado desplegó una conducta dolosa al presentar documentación no veraz, a sabiendas que dicha conducta era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real, tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio”, concluyó la UTF.

Por eso se propondrá dar vista al Sistema de Administración Tributaria (SAT) respecto a la facturación en falso en lo que respecta a la empresa Grupo México de Convenios Internacionales, S.A. de C.V. y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales “para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho corresponda”.

Fuente: El Universal