Guillermo Padrés Elías, ex gobernador del estado de Sonora, pasará el Año Nuevo en el área de tratamientos especiales del Reclusorio Preventivo Oriente de la Ciudad de México, porque el juez que tiene que determinar si debe o no continuar el juicio que se le inició por su probable responsabilidad en los delitos de defraudación y lavado de dinero por 8.8 millones de dólares, está de vacaciones.
A comienzos del presente mes, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó la sentencia emitida por el juzgado 14 de Distrito de Amparo en Materia Penal, éste último resolvió que la averiguación previa de la Procuraduría General de la República carecía de requisitos formales para proceder con la acusación al ex mandatario.
Hace unos días venció el plazo legal que la Ley de Amparo otorgaba a Guillermo Urbina Tanús, titular del juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, para cumplir la sentencia.
Sin embargo, el juzgado Décimo Segundo informó que se reserva, por el momento, emitir el pronunciamiento respectivo al cumplimiento a la sentencia de amparo, porque el juez Urbina se encuentra gozando del segundo periodo vacacional correspondiente a este año.
“Lo anterior es así, pues el secretario encargado del despacho no está facultado para resolver cuestión alguna que no sea las destacadas en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; aunado a que dicho pronunciamiento requiere de un trascendente juicio de valoración en torno a las actuaciones realizadas en acatamiento al fallo protector”, detalló el juzgado.
La resolución del juez “puede conducir a la imposición de multa y, eventualmente, al inicio del procedimiento de inejecución de sentencia, el cual puede culminar en la separación del cargo de la persona que ocupa la titularidad de la autoridad responsable e incluso su consignación ante un juez penal”, por lo que es exclusiva del titular.
Padrés alegó que la averiguación previa que consignó la PGR y que derivó en una orden de aprehensión en su contra no incluía una auditoría ni querella por parte de la Secretaría de Hacienda, es decir, la autoridad fiscal no lo denunció.
El ex mandatario se entregó el 10 de noviembre a la justicia para enfrentar los cargos de que se le acusa, pero la PGR cumplimentó una nueva orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por 178 millones de pesos; su hijo Guillermo Padrés Dagnino también fue acusado por el mismo ilícito y se le internó en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, pero hoy se encuentra libre de todos los cargos.
Fuente: Milenio