Un juez de Nueva York ha condenado este jueves por narcotráfico a dos sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Los sentenciados, Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron detenidos en Haití en 2015 por la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, mientras planeaban ingresar en ese país 800 kilos de cocaína. Un jurado popular les declaró culpables hace ya un año.
Vinculados a la familia con más poder en Venezuela, los sobrinos de la primera dama viajaron a Puerto Príncipe en un avión privado provistos de pasaporte diplomático -una circunstancia que el régimen chavista niega- para cerrar la operación, un plan criminal que consistía en el transporte de la cocaína entre Venezuela y Estados Unidos con una escala en Honduras. Trataron de utilizar sus influencias y sus propios abogados, de dos prestigiosos despachos de Manhattan y Chicago, diseñaron la estrategia de defensa presentándoles como víctimas de una trampa y calificándoles como «novatos» y «estúpidos». La fiscalía federal había pedido para ambos una condena de al menos 30 años de prisión. El juez, Paul Crotty, fijó finalmente una pena de 216 meses.
Efraín Campo Flores, de 31 años, primo de Francisco Flores de Freitas, creció con la esposa del actual presidente tras la muerte de su madre. Durante el juicio, quedó demostrado que ambos cayeron por sus contactos con informantes de la DEA. Los letrados trataron de descalificar la investigación defendiendo que los informantes recibieron pagos de la DEA de hasta 1,5 millones de dólares. Una de esas personas fue asesinada en Honduras en diciembre de 2015. En cualquier caso, en el juicio se presentaron grabaciones de sus conversaciones con los sobrinos de Maduro, según informa Efe, que revelaron que tenían previsto eludir los controles policiales utilizando el hangar presidencial en el aeropuerto de Caracas para sacar la cocaína del país.
En una de esas conversaciones, además, Campos Flores revela la procedencia de la droga de los cultivos que tenía la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que hace un año firmó un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano, se desarmó, se desmovilizó y ya ha comenzado a participar en política.
Tras la condena del jurado popular, en noviembre de 2016, la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora antes que Maduro decidiese desmantelarla convocando una Constituyente, aprobó un debate parlamentario sobre este caso. Esta circunstancia contribuyó en ese momento a tensar ya dañadas relaciones entre alianza de partidos críticos con el oficialismo, la Mesa de Unidad Democrática, y el Gobierno. Los delegados gubernamentales llegaron, según informó la oposición, a ausentarse de la mesa de diálogo como muestra de rechazo. Aun así, se trató de una protesta transitoria, ya que las conversaciones, que en cualquier caso no desembocaron en ningún acuerdo significativo, se reanudaron posteriormente.
Fuente: El País