Este 2017 quedaron varios pendientes que no deben ser olvidados. Guarda este nota y recuerda que como ciudadanos debemos exigir y presionar para que se aclaren y resuelvan todos estos temas que causaron polémica durante el año que termina.
En septiembre, México vivió dos sismos que dejaron 369 víctimas en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Y además de las víctimas mortales hubo 12 millones de personas afectadas, entre ellos, 1 millón 200 mil damnificados; según informó el presidente Enrique Peña Nieto en octubre de este año, un mes después de los hechos. El mandatario dijo que serían reconstruidas las casas que se vieron afectadas e incluso a finales del mismo mes entregó algunas viviendas en Chiapas.
En la Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que hasta este 26 de diciembre se habían autorizado 50 créditos para la reconstrucción o adquisición de vivienda nueva para los damnificados del sismo en la Ciudad de México.
Sin embargo, muchos de los afectados aún no han recibido ayuda por parte de las autoridades y siguen en albergues o campamentos, como el caso de los habitantes del Multifamiliar Tlalpan, donde los damnificados han pasado frío aún tienen casas improvisadas de lona y bolsas a las afueras de sus viviendas destruidas por el terremoto.
Para 2018 quedará pendiente vigilar que todas las acciones prometidas por las autoridades se cumplan y que el dinero que fue donado por empresarios, sociedad civil y hasta los partidos políticos se use para la reconstrucción.
Los diputados y senadores mexicanos aprobaron la Ley de Seguridad Interior pese al rechazo de organismos internacionales y organizaciones civiles al igual que las bancadas del PAN, PRD y PT-Morena que consideraron insuficientes los cambios.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la ONU-DH pidieron no aprobar este proyecto por presentar aspectos «altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México.
«No existen las condiciones propicias para aprobar el proyecto», dijeron los organismos al tiempo que pidieron no vulnerar los derechos humanos al amparo de la Ley de Seguridad Interior.
La Ley de Seguridad Interior quedó aprobada en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados, luego de que el Senado diera el visto bueno a la misma. El titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, la promulgó el 21 de diciembre pasado.
«Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país», dijo entonces el presidente Peña Nieto.
Pero el tema no acaba ahí, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá sobre la constitucionalidad de la legislación.
Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), agradeció al Congreso de la Unión por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, pero aseguró que las Fuerzas Armadas acatarán el fallo que emita la Suprema Corte al respecto.
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz; César Duarte, exgobernador de Chihuahua y Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, apenas hace unos años fueron elogiados por el presidente Enrique Peña Nieto, pero hoy enfrentan procesos penales en su contra por presuntos actos de corrupción.
Desde el año 2000 a la fecha, de los 21 exgobernadores que enfrentan problemas con la justicia, 17 de ellos surgieron del PRI, el partido gobernante. Solamente dos son del PAN y otros dos son del PRD.
De toda la veintena de exgobernadores señalados, solamente uno, solo uno, tiene sentencia: Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo.
Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, fue vinculado a proceso y está preso en el Reclusorio Norte. Roberto Borge y Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas también fueron detenidos, pero aún falta que sean extraditados a México, pues Borge está en Perú y Yarrington en Italia, pero es requerido además por la justicia de Estados Unidos.
Hay otros priistas como Rodrigo Medina (Nuevo León), Fidel Herrera (Veracruz) y Roberto Sandoval (Nayarit) que tienen procesos abiertos, mientras que otros políticos emanados del PRI como César Duarte (Chihuahua) y Jorge Juan Torres (Coahuila) están prófugos de la justicia.
El caso de Eugenio Hernández, también exgobernador de Tamaulipas, es interesante. Él fue buscado por la DEA en Estados Unidos desde el 2015, y en las elecciones estatales de su estado, en 2016, acudió a un evento de campaña del priista Baltazar Hinojosa. Este año fue detenido en México y está en proceso de ser extraditado a EU.
El 19 de junio el medio estadounidense The New York Times publicó que el gobierno mexicano presuntamente espió a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas a través de un software conocido como Pegasus, que es utilizado oficialmente para investigar a terroristas y criminales.
Pegasus operaba de manera sencilla en los teléfonos a través de enlaces que se envían como SMS para poder monitorear llamadas, mensajes, correos, contactos y hasta utilizar cámara y micrófono del aparato.
Entre las personas afectadas se encuentran los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola; el director del Imco, Juan Pardinas; Santiago Aguirre, el abogado principal de los padres de los 43 normalistas desaparecidos; Ricardo Anaya, entre otros.
En respuesta, el propio presidente Enrique Peña Nieto habló sobre espionaje durante la inauguración de un parque industrial en Lagos de Moreno, Jalisco y aseguró que todo era falso y que era «muy fácil» señalar de espía al gobierno. Incluso dijo que los supuestos afectados no tenían pruebas y aseguró que él también se siente espiado.
«Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados, yo mismo como presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco, pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente, no faltará que alguien o alguna vez exhiba alguna conservación mía, ya ha pasado, ya ha ocurrido».
El caso quedó en manos de la Fiscalía para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión pero hasta el momento no ha dado a conocer cómo van las investigaciones ni se han deslindado responsabilidades.
México cierra el 2017 con una cifra récord: de enero a noviembre de este año fueron abiertas 23 mil 101 carpetas de investigación por casos de homicidio doloso. Se trata del número más alto del que se tenga registro en las últimas dos décadas.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra más alta en carpetas de investigación de homicidio doloso se registró en 2011, durante la llamada guerra contra el narco. En dicho año se reportaron 22 mil 409 casos de enero a diciembre.
Aunque todavía falta contabilizar diciembre de este año, con las 2 mil 212 carpetas que se abrieron en noviembre por este delito, el país ya superó al que era su año más violento.
Si bien estamos mencionando las cifras absolutas, en tasas de homicidio dolosos por cada 100 mil habitantes, el gobierno de Felipe Calderón es donde más incidencia criminal hubo.
Hacer la medición en tasas por cada 100 mil personas considera la cantidad de delitos reportados entre la población existente, lo que hace tener menos sesgo que presentar los números absolutos.
No obstante, para dar una idea de la magnitud del tema, durante el sexenio de Felipe Calderón hubo en promedio de 17 mil 420 homicidios dolosos anuales. Con Peña Nieto, el promedio anual de homicidios subió a 18 mil 392.
El reto que tendrán las autoridades para el próximo año será revertir este fenómeno y evitar que 2018 se convierta en el año más violento.
El 18 de julio de 2017 se venció el plazo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para la designación del titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, nombramiento que corresponde al Senado de la República. Sin embargo, los legisladores han estado postergando el tema.
¿Qué atoró el nombramiento?
La polémica radica en que Raúl Cervantes Andrade, quien en ese entonces era el Procuraduría General de la República (PGR), pasaría a ser el primer fiscal general de México.
Situación que la oposición y activistas consideraron como un conflicto de interés debido a la cercanía de Cervantes con el partido en el poder. Aunque Cervantes renunció a su cargo como procurador, los partidos en el Senado no lograron ponerse de acuerdo y cerraron su segundo periodo de sesiones sin tener al fiscal.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), anunciado con bombo y platillo, nació incompleto, sin brazos que puedan sancionar los actos de corrupción.
“La falta de fiscal anticorrupción ha generado problemas, porque naturalmente al no estar el fiscal nombrado no existe la vigencia plena de las normas o de los nuevos delitos que se conocen de corrupción. Esa parte ya la hemos denunciado”, dijo en entrevista con Nación321 Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Fuente: Nación 321