Los partidos Morena, PRD y PT repudiaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y confiaron en que sea rechazada por el Senado.
El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, vio innecesario legislar para garantizar la seguridad pública, pues es una obligación que tiene el gobierno “lo que pasa es que (el presidente Enrique) Peña nunca ha asumido el mando, nunca se ha hecho cargo de garantizar la paz y la tranquilidad, entonces no es necesaria ni indispensable esa ley, eso lo hacen porque han cometido muchas violaciones a derechos humanos”.
Piensan que si hay una nueva ley van a estar protegidos los elementos del Ejército enviados a esas tareas pero “la verdad es que en ninguna ley se permite torturar, ni matar, tampoco robar o desaparecer a nadie” indicó.
Por eso, de aprobarse en el Senado, “hay posibilidad de mejorar esa legislación” o dado el caso podría ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó.
La dirigente del PRD, Alejandra Barrales, aseguró que la norma avalada “da pie a legalizar el régimen autoritario y represor” y por ello dijo que la izquierda impulsará la “seguridad sin guerra”.
Sostuvo que la legislación fue aprobada “sin escuchar argumentos, sin debate y a pesar de que decenas de organizaciones civiles alertaron de los riesgos y la regresión que implicaba hacerlo”, pero reconoció también que la estrategia de seguridad de los últimos años ha demostrado ser inútil para combatir la seguridad y la violencia.
Alberto Anaya, líder del PT, llamó a los Senadores de la República “para evitar ese grave atropello a los derechos de los ciudadanos” que representa la nueva Ley que fue aprobada en la Cámara de Diputados, pues “contraviene tanto la Constitución como tratados internacionales signados por México puesto que legitima el uso de la fuerza por parte de los elementos castrenses y por ende la violación de derechos humanos”.
“Consideramos que avalar esa Ley es abrir la puerta para la instalación de un estado de excepción permanente, ya que deja a criterio de las autoridades intervenir o implementar acciones ‘preventivas’ en un asunto que consideren de riesgo para la seguridad del país” y a su juicio eso podría incluir desde una protesta ciudadana hasta lo relacionado con la delincuencia organizada.
Aunque se estableció que no podrá darse la participación de las Fuerzas Armadas ante manifestaciones no violentas, “se deja en manos del Presidente de la República decidir la intervención de los militares ante determinadas situaciones”.
Fuente: El Universal