32 autores, 500 páginas, unas elecciones dentro de siete meses y un objetivo común: repensar México. Con este propósito, en febrero de 2017, con la sombra del gasolinazo y la llegada de Donald Trump, el director de la Feria Internacional de Guadalajara (FIL), Raúl Padilla, y el escritor Héctor Aguilar Camín se unieron para analizar los problemas y esbozar una hoja de ruta para las soluciones, o aportar “el remedio y el trapito” ironizó Camín. Y con un sesgo muy definido: «liberal en lo económico y socialdemócrata en lo social», dijo el coordinador de ¿Y ahora qué? México ante 2018 (Random House), en la presentación de la obra este jueves en la FIL.

Aterrizando el debate en la actualidad, Camín lanzó un dardo de salida. “No hay soluciones mágicas. Aunque el candidato diga que es muy limpio o tenga buena fama pública, eso no garantiza que se termine la corrupción sin las reformas profundas necesarias y quien les prometa eso está diciendo una mentira”, en referencia a los dos principales competidores en las encuestas: López Obrador (Morena) y el reciente destapado en el PRI, José Antonio Meade.

El libro está distribuído en varios bloques que analizan las principales fallas del sistema como la justicia, la democracia o la seguridad pública.

Coordinado por la politóloga del CIDE María Amparo Casar, el capítulo dedicado el tema de la seguridad empieza definiendo que con la victoria de Vicente Fox en el año 2000 y el final del gobierno hegemónico priísta durante casi ocho décadas, “en vez de solucionar el problema, la corrupción se democratizó y la manta de impunidad se hizo más grande e ineficaz”. En esa dirección, el libro propone rediseñar la Procuraduría General de la República (PGR), un organismo “que fue creado para dar certeza a la cúpula política, para asegurarse que ninguno de sus miembros sería perseguido. Estamos en el peor de los momentos posibles porque se sigue persiguiendo por razones políticas. Debe ir muriendo la procuraduría y nacer la fiscalía porque no funciona. Hay que romper vasos comunicantes entre política y justicia” dijo ante un auditorio lleno.

Su propuesta pasa por un nuevo diseño de política criminal, “porque es imposible perseguir todos los delitos” y puso un ejemplo: en Chile, el 8% de los delitos terminan en castigo pero en el caso de los homicidios las condenas llegan al 80%. En contraste, en México, la impunidad en los delitos de homicidios es del 80%. Por ello es necesario “especializar fiscales por tipo de delito y para el resto buscar soluciones alternativas”.

“México tiene un estado ineficiente y además corrupto”, apuntó el profesor del Colegio de México Carlos Elizondo, quien puso otro ejemplo. Según el académico, México gasta lo mismo en educación que Corea del Sur, donde el 65% de la población entre 18 y 24 años tienen estudios universitarios, frente al 21% de México con el mismo gasto.

Instituciones y violencia

El que fuera presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, lanzó las soluciones para lograr un sistema electoral que “en sus recientes reformas se olvidó de la calidad del sistema”. Las recetas pasan por poner techo de gasto en las elecciones, controlar las donaciones ilegales y potenciar la inteligencia financiera.

En cuanto a la lucha contra los carteles de la droga, otro de los autores, Eduardo Guerrero, propone cambiar el enfoque del combate frontal y pasar a una mirada médica, concentrando exclusivamente los esfuerzos en perseguir los homicidios, la extorsión y los secuestros derivados del conflicto, y a la vez abrir el debate sobre la despenalización de las drogas. “De los 15.000 detenidos por drogas el año pasado, 10.000 fueron por consumos bajos de mariguana”, señaló. Paralelamente a modo de posible solución el autor propone aumentar el umbral de consumo penado y enfocarse en atajar la pobreza como semillero de delincuentes son otros de los caminos propuestos. “La inequidad es el principal factor de violencia. Los países más inequitativos son los más violentos. Las cárceles actuales son una fábrica de delincuentes”, señaló Guerrero.

Desigualdad y pobreza

“Lograr un crecimiento incluyente es complejo, toma tiempo y es costosos” señaló el economista Luis de la Calle, que ligó estas carencias con “los problemas de corrupción y violencia”.

Las recetas en este capítulo pasan por un ordenamiento eficiente de los más de 5.000 programas de desarrollo social existentes, aumentar las inversiones en educación, infraestructuras y salud; dar entrada a los bancos en la gestión de servicios públicos; emprender una reforma laboral que aumente el salario mínimo mexicano –que recientemente subió un 10% hasta alcanzar los 80 pesos (4,2 dólares) diarios, pero que pese a ello continúa por debajo del umbral de la pobreza– y que mejore la posición negociaciadora de los trabajadores frente a los empresarios y fijar un ingreso y un sistema social universal no contributivo, sino financiado con impuestos, fundamentalmente al consumo.

La tesis de un cobertura universal en un país con más de la mitad de su población sumida en la pobreza y en la sombra de la informalidad económica fue presentada como una de las propuestas estrella. Jorge Castañeda, exsecretario de Exteriores durante el mandato de Vicente Fox, explicó que “se trataría de crear un piso mínimo en el seguro médico, de empleo y una pensión. El financiamiento vendría del Fondo Fiscal Central, que se nutría de una subida sobre todo del IVA”.

Fuente: El País