El Congreso unicameral de Perú no logró destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski, al no alcanzar los 87 votos necesarios para declarar la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” de la que había sido acusado por la oposición encabezada por el fujimorismo, que domina el Parlamento. Durante más de 13 horas los legisladores peruanos debatieron si declaraban o no la “vacancia” presidencial, mientras Kuczynski advertía que, en caso de ser destituido, el gran perjudicado será el país.

El pedido de destitución logró 78 votos, mientras que 19 votaron en contra y 21 se abstuvieron.

“El daño no me lo harán a mí, se lo harán al Perú”, había dicho el mandatario de centro-derecha al cerrar su defensa ante el plenario del Congreso, apenas comenzada la sesión, cerca del mediodía.

Las dudas sobre el resultado comenzaron cuando ya en el debate, el líder parlamentario del FA, Marco Arana, afirmó que su bloque, compuesto por 10 legisladores, emitiría un “voto de conciencia” contra “el golpe institucionalista, contra la corrupción de (la constructora brasileña) Odebrecht y contra el Estado capturado por los lobbies”.

“Lamentamos que la falta de carácter del presidente Kuczynski para aceptar una sucesión presidencial ahora coloca en bandeja la posibilidad de que Fuerza Popular (FP), que perdió las elecciones, termine presidiendo temporalmente el período de transferencia electoral y eso no es aceptable”, subrayó Arana durante el debate.

FP, el partido populista de derecha que lidera Keiko Fujimori -hija del ex presidente Alberto Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad y corrupción, y candidata a la Presidencia derrotada ajustadamente por Kuczynski en la segunda vuelta de junio de 2016-, tiene mayoría simple propia en el Congreso pero no los dos tercios necesarios para destituir al jefe del Estado. Para echar al presidente son necesarios 87 votos de los 130 del Congreso unicameral y el fujimorismo junto con una parte de la izquierda aspiraban a llegar a ese número, pero no era seguro.

La semana pasada, cuando se presentó el pedido para iniciar el trámite, hubo 93 congresistas que votaron a favor. Pero una jugada del oficialismo en las últimas horas podría haber llevado a algunos parlamentarios a cambiar de opinión: el oficialismo advirtió que ninguno de los vicepresidentes, Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz, estaban dispuestos a suceder a Kuczynski si fuera destituido, por lo que, en ese caso, debería asumir el presidente del Congreso, Luis Galarreta, del fujimorista FP, y convocar a elecciones en un plazo de un año.

La posibilidad de que el fujimorismo retuviera el poder total en el Congreso y además sumara la presidencia transitoria habría hecho dudar a algunos congresistas de partidos que, en el pasado, fueron duros críticos del régimen del ex presidente Fujimori, entre 1990 y noviembre de 2000.

La oposición lo acusaba de “permanente incapacidad moral”. No por la relación con Odebrecht, sino por el hecho de haber negado inicialmente vínculos con la empresa ante el Congreso, y después reconocerlo en una radio local.

La propia Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, lo dejó mal parado. La semana pasada la constructora brasileña reveló que pagó más de 782.000 dólares a la consultora Westfield Capital, propiedad de Kuczynski, por asesorías entre 2001 y 2006, época en la que el actual mandatario era ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Y otro monto mucho mayor, de cerca de 8 millones de dólares, a otras dos consultoras relacionadas con Kuczynski.

En su alegato de ayer ante el Congreso, Kuczynski, que en los últimos meses negó repetidamente haber tenido relación con Odebrecht, reiteró que esos contratos son legales, pero aseguró que no los conocía porque fueron firmados por el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien administraba su consultora mientras él era ministro. “Lamento no haber advertido pero eso no me convierte en corrupto. Confieso no haber sido suficientemente prolijo con mis documentos, pero no he beneficiado a ninguna persona o empresa durante mi mandato como ministro”, señaló el mandatario. Afectado por la denuncia, Kuczynski sostuvo: “Hasta ahora no mentí. Yo no tuve conocimiento del vínculo entre Westfield Capital y Odebrecht hasta ahora. Westfield no es un vehículo de cobros ilegales. Todas sus transacciones son bancarizadas”.

“No soy corrupto y no he mentido, jamás he favorecido a ninguna empresa, siempre he actuado de acuerdo a ley y a la ética profesional. Soy un hombre honesto. Jamás he recibido dinero, soborno o prebenda que haya torcido mi voluntad ”, se defendió.

Para Kuczynski, quien ha alternado en su vida la política con la consultoría de inversión, el proceso es “un asalto al orden constitucional” y está basado en “una mentira”.

El caso Odebrecht afectó a casi toda la primera plana política de Perú por los millonarios sobornos pagados por la constructora para adjudicarse contratos en obras públicas, además de financiar las campañas electorales de los principales candidatos. La empresa brasileña admitió haber pagado 29 millones de dólares en coimas entre 2004 y 2015, periodo que abarcó los gobiernos de Alejandro Toledo -en el que Kuczynski fue ministro-; Alan García y Ollanta Humala. Humala y su esposa permanecen en prisión preventiva, acusados de recibir tres millones de dólares para su campaña electoral de 2011, mientras que contra Toledo pesa una orden de extradición desde EE.UU. por recibir presuntamente 20 millones de dólares en sobornos para conceder a Odebrecht la construcción de una ruta. El fantasma de Odebrecht también persigue a Keiko Fujimori.

Fuente: Clarín