La primera ministra británica, Theresa May, insistió ante el Parlamento en que «no hay nada acordado hasta que todo esté acordado», en relación al principio de acuerdo alcanzado el viernes con la Unión Europea sobre el «brexit».
En una comparecencia ante los Comunes, la líder conservadora se refirió al consenso fraguado con Bruselas a última hora la pasada semana, que permite a las dos partes avanzar hacia la segunda fase del proceso de diálogo, que abordará la relación comercial.
«Siempre he sido clara al indicar que no iba a ser un proceso fácil y ha requerido de un ‘toma y daca’ tanto para el Reino Unido como para la UE a fin de avanzar. Y eso es lo que hemos hecho», dijo May.
La jefa del Ejecutivo resaltó la «nueva sensación de optimismo» que se palpa ahora en el diálogo con Bruselas y consideró que lo pactado con los Veintisiete -sobre todo lo referente a los derechos de los comunitarios, la frontera entre las dos Irlandas y la factura de la separación- «es una buena noticia».
No obstante, alertó de que este país retirará su oferta económica a la UE -estimada en entre 35.000 y 39.000 millones de libras (entre 39.000 y 44.000 millones de euros)- si finalmente no se llega a un pacto en las negociaciones, pues solo se mantendrá «en el contexto de que haya un acuerdo para el futuro».
La titular del Gobierno británico calificó los avances de buena noticia para los que votaron a favor de la salida del bloque comunitario, ya que, en su opinión, estaban «preocupados por que el proceso se complicara y por que el ‘brexit’ no se produjese».
Al mismo tiempo, abundó en que el consenso «también es una buena noticia para los que votaron por la permanencia (en la UE), pues muestra que el Reino Unido no saldrá sin un acuerdo».
May afirmó que la situación de los ciudadanos comunitarios tras el «brexit» había sido un tema «prioritario», pero adujo que, «para que estos derechos sean recíprocos, deben ser interpretados de una manera consistente».
En un principio, la UE quería que la situación legal de los ciudadanos que residen en este país estuvieran garantizados tras el «brexit» por el Tribunal Europeo de Justicia, algo que la dirigente británica consideró «inaceptable».
En lugar de ello, la primera ministra sostuvo que esos derechos quedarán salvaguardados «por el acuerdo de salida y protegidos por los tribunales británicos, prestando el debido respeto a la ley comunitaria».
Indicó que las cortes británicas podrán remitir casos de manera voluntaria, si lo consideran pertinente, a la Corte Europea de Justicia sobre algunos puntos de la legislación, si bien esta situación tan solo durará ocho años.
Con relación a la «factura» que tendrá para este país el divorcio, la «premier» consideró que tras las «duras» negociaciones se ha llegado a un acuerdo que estará «condicionado» por varios factores.
En cuanto a la frontera entre las dos Irlandas, aseguró que el Gobierno preservará el llamado «Acuerdo de Belfast» y reafirmó que no se volverá a las barreras físicas.
En este sentido, matizó que si finalmente no fuera posible fraguar una nueva alianza con la UE, el Gobierno adoptará medidas para asegurar que no hay fronteras duras en Irlanda.
«El Reino Unido sigue comprometido a proteger la cooperación entre norte y sur, y su garantía de evitar una frontera física. Cualquier acuerdo futuro debe ser compatible con estos requisitos», remachó.
May agregó que la intención de este país es «lograr estos objetivos mediante la relación entre la UE y el Reino Unido», pero señaló que, si no fuera posible, el país «propondrá soluciones específicas para abordar las circunstancias únicas de la isla de Irlanda».
Fuente: Crónica