La polémica Ley de Seguridad Interior que regular la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública sigue en el ojo del huracán.

Mientras legisladores del PRI rechazan que se militarice al país, la oposición y organismos de la sociedad civil, así como organismos internacionales destacan que es inconstitucional y representa un riesgo para los derechos humanos.