El Clan del Golfo, la banda de narcotráfico más importante de Colombia, anunció la noche del miércoles un cese al fuego unilateral sin fecha final definida. «A partir de esta Navidad, en donde los corazones se llenan de esperanza por un país mejor, los colombianos merecemos la oportunidad por primera vez en la historia, a vivir en adelante sin la zozobra del conflicto armado. Por esta razón, declaramos un cese unilateral de acciones militares ofensivas en todo el territorio nacional a partir del trece (13) de diciembre del presente año», se lee en el comunicado firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), uno de los nombres con los que se autodenomina esta organización que se calcula cuenta con 3.000 integrantes, entre miembros fijos y colaboradores a cambio de un sueldo.
Con esta decisión que, por el momento, no ha recibido respuesta del Gobierno de Juan Manuel Santos, el Clan del Golfo da un paso más en su pretensión de someterse a la justicia colombiana como ya le comunicaron al mandatario el pasado 3 de septiembre. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, líder del Clan del Golfo (la recompensa por su captura es de cinco millones de dólares), es consciente de que no puede iniciar una nueva negociación política como la que terminó en noviembre del año pasado con la guerrilla de las FARC, tampoco se asemeja a la que está en proceso con el ELN.
«A pesar de que en el momento no existe un marco normativo para el acogimiento colectivo de las AGC, continuamos comprometidos con los esfuerzos que nos permitan contribuir con una paz integral, total y duradera con el compromiso de no repetición para el país, como lo expresamos en la visita del papa Francisco», dice en el comunicado. La banda, dedicada esencialmente a la producción, venta y distribución de droga, la minería ilegal y la extorsión, buscaba, sin éxito, la oportunidad de conseguir beneficios judiciales similares a los que se pactaron con las FARC durante cuatro años en La Habana.
Santos le envió ese mismo mensaje en septiembre: «No hay ninguna posibilidad porque son delincuentes y narcotraficantes». Los miembros de la organización criminal solo podrán acceder a beneficios legales por colaborar con las autoridades. Lo que en Colombia se denomina el principio de oportunidad. «Si entregan información sobre sus colaboradores, ya sean agentes del Estado u otros criminales, rutas del narco, su patrimonio,… cumplirán penas de unos cinco años de cárcel», explicó Ariel Ávila, politólogo de la Fundación Paz y Reconciliación, en una entrevista a EL PAÍS. Existiría incluso la opción, dependiendo del tipo de acuerdo, de que las autoridades legalizaran entre el 5 y el 10% de los bienes de esta organización para que pudieran tener un sustento al salir de prisión, según el experto.
El cese al fuego es uno de los requisitos que también ha impuesto la Fiscalía para que una organización de estas características pueda someterse a la legislación colombiana. «Debe condicionarse al cese absoluto de las actividades delictivas, a la entrega del patrimonio ilícito y de los cultivos y rutas del narcotráfico”, ha reiterado el fiscal general Néstor Humberto Martínez.
Las Autodefensas Gaitanistas instan a la sociedad civil, a la Academia, a los periodistas y a la Iglesia a que «verifiquen el cumplimiento del compromiso que a partir de esta declaración hemos asumido». Además, le piden al ELN, la segunda guerrilla de Colombia, que se sume a este cese de hostilidades en las zonas donde siguen enfrentándose, en concreto la costa del Pacífico. En esta región, una de las más pobres y olvidadas del país, ambos grupos mantienen una confrontación directa que sigue produciendo asesinatos selectivos, masacres como la que se produjo hace pocas semanas en Tumaco (en la frontera con Ecuador), desplazamientos masivos, violaciones de mujeres y reclutamientos forzado de menores, como ha atestiguado Amnistía Internacional en un reciente informe.
En los últimos dos años el Clan del Golfo ha perdido 12 jefes y más de 1.500 miembros han sido capturados, según datos del Gobierno. Alias Gavilán, el número 2 de la organización, murió el 31 de agosto en un operativo cerca de la frontera con Panamá, región en la que se concentra la mayoría de esta organización por tratarse de una ruta clásica del contrabando hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. En noviembre, alias Inglaterra, líder del narco en la región fronteriza con Venezuela, también fue asesinado en un operativo del Ejército.
Desde 2006, cuando esta banda comenzó a delinquir, el Gobierno de Colombia lo había combatido con la Policía Nacional (cuerpo encargado de enfrentar a este tipo de organizaciones) con las denominadas operaciones Agamenón I y II. En mayo de 2016, esta estrategia cambió cuando el actual ministro de Defensa, a través de una directiva, comenzó a considerarlos «grupos armados organizados» para poder usar al Ejército en su contra, además de estrategias militares como los bombardeos. Táctica que fue clave para combatir a las FARC. «Esas acciones se regirán por el Derecho Internacional Humanitario (el llamado Derecho de Guerra) y no por las normas internas», se especifica en la norma.
La política de guerra del Estado contra el Clan del Golfo y organizaciones similares provocó que el pasado mayo, el grupo iniciara una ofensiva contra las fuerzas de seguridad que dejó nueve policías fallecidos y 37 heridos en distintos atentados. Esta estrategia mafiosa se conoce como plan pistola: los grupos criminales prometen entregar a los sicarios hasta dos millones de pesos, unos 700 dólares, por cada agente asesinado.
Fuente: El País