La discusión acerca de la Ley de Seguridad Interior despertó inquietudes en diversos sectores de la sociedad y movilizó a un buen número de activistas que paradójicamente pugnan por una vigencia efectiva del Estado de Derecho pero están dispuestos a emplear tácticas que lo desafían, como tratar de impedir la llegada al recinto legislativo de quienes cuentan con la investidura jurídica para legislar. De cualquier modo, es evidente que las agrupaciones de la sociedad civil juegan un papel cada día más protagónico en el proceso de toma de decisiones en el sector público, en muchos casos sus dirigentes participan en la integración de Consejos y Comités nombrados para dirigir instituciones gubernativas y presentan proyectos formales relativos al contenido de disposiciones legales.
Esto se debe a que los partidos políticos padecen un profundo desprestigio al que colabora la veleidad de las alianzas que celebran, y la sociedad busca métodos que otorguen una mayor legitimidad a los representantes que toman decisiones políticas. Así, es cada vez más frecuente la adopción de métodos que conceden a las organizaciones de la sociedad civil mayor participación en la configuración de órganos de autoridad. El fenómeno se ha presentado con particular intensidad en la Constitución de la Ciudad de México, lo que conduce a la conclusión de que está ocurriendo un lento pero constante desplazamiento de la legitimidad basada en la elección popular de los representantes populares para otorgarla en mayor medida a las organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones académicas, pues sus dirigentes tienen mucha mayor credibilidad y aceptación que los legisladores formalmente electos.