La Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtieron de los riesgos asociados al uso de monedas virtuales como el Bitcoin, así como de iniciativas que recaudan fondos para financiar proyectos generalmente asociados con la emisión de nuevas criptomonedas; pues “no constituyen una moneda de curso legal en México y no son divisas, ya que ninguna autoridad monetaria extranjera las emite ni respalda su poder liberatorio en la realización de pagos”.
En un comunicado, las autoridades financieras del país, reiteraron la advertencia emitida en 2014 sobre los riesgos inherentes a la utilización de activos virtuales como medio de cambio, como depósito de valor o como otra forma de inversión.
La alerta, que dijeron se emite de forma preventiva, señala que las monedas virtuales o criptomonedas no cuentan con el respaldo de las autoridades financieras o de institución gubernamental alguna, por tratarse de mecanismos de almacenamiento e intercambio de información electrónica. “Por tal motivo, la aceptación de activos virtuales como medio de pago no se puede anticipar con absoluta certeza”.
Explicaron que dada su propia naturaleza, estas monedas son objeto de amplia actividad especulativa, mostrado alta volatilidad, “por lo que resulta indispensable alertar de los riesgos inherentes a quienes decidan utilizar o invertir en estos activos, tales como la carencia de un régimen legal especial para la resolución de disputas, la ya comentada ausencia de respaldo, así como que las personas que los administran y distribuyen no están reguladas, ni supervisadas por las autoridades financieras en nuestro país”.
Las autoridades financieras del país también advirtieron del riesgo de participar en Ofertas Iniciales de Monedas o “Initial Coin Offerings” (ICO), las cuales recaudan fondos con el objetivo de financiar proyectos generalmente relacionados con la emisión de nuevas monedas virtuales, o bien, para el desarrollo de plataformas digitales para realizar transacciones de diversos tipos.
Aunque las autoridades informaron que a la fecha no se tiene registro de la emisión de una ICO en el país, explicaron que éstas podrían violar la Ley del Mercado de Valores y constituir un delito financiero.
“Como parte de estos esquemas, la empresa o individuo emite y vende, a cambio de moneda de curso legal o activos virtuales, un activo virtual futuro u otros activos constituidos como unidades de información, que se denominan fichas virtuales o “tokens”, haciendo uso de la tecnología que da vida a los activos virtuales, popularmente conocida como cadena de bloques o “Blockchain”, detalla el comunicado.
Hacienda, el Banco de México y la CNBV coincidieron en la preocupación sobre la expansión de este tipo de esquemas, “pues si bien pueden ser utilizados de manera legítima, la complejidad y variedad de los mismos incrementa los riesgos de fraude. Además, cabe reiterar que el poder liberatorio de los activos virtuales y los derechos que ofrecen otros esquemas como ICO, no cuentan con respaldo de algún banco central o autoridad financiera establecida y reconocida, por lo que se dificulta la exigibilidad sobre el cumplimiento de las obligaciones que representan”.
Las dependencias dijeron que los interesados en invertir en este tipo de esquemas deben contar con amplia experiencia y con pleno conocimiento de:
Dijeron se debe considerar las ICO como inversiones de alto riesgo, con la posibilidad de tener pérdidas hasta por el total de la inversión; y que los inversionistas deben estar atentos a señales o indicios de fraude al invertir en este tipo de productos; tales señales pueden ser: ofertas por tiempo limitado, garantía de altos rendimiento, o, en general, oportunidades de “ganancias” que los inversionistas experimentados califican como “demasiado buenas para ser verdad”.
Finalmente, las autoridades recordaron que el proyecto de Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (también conocida como Ley Fintech) se encuentra ya en discusión en el Congreso de la Unión, la cual contempla establecer un marco jurídico sólido para las instituciones de tecnología financiera y los activos virtuales que, en su caso, reúnan las condiciones adecuadas de protección al público para que dichas instituciones, así como las instituciones de crédito, puedan operar con ellos.
Fuente. Milenio