Senadores de Oposición exigieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dar revés a la decisión de considerar la entrega de tarjetas como propaganda electoral y demandaron sancionarlo como delito.

Para Dolores Padierna, integrante de la Comisión de Justicia, esto legaliza un delito y da pie a la entrada de corrupción en el proceso electoral.

«La entrega de tarjetas es una manera de rebasar los topes de campaña porque no hay manera de supervisión. Es lucrar con la necesidad de la gente. Lavar dinero ilegal y una forma en prolongar la estadía de dinero ilegal (del presupuesto y del narcotráfico)», dijo la legisladora del PT.

«Eso enturbia la elección y nos aleja de la transición por la vía de las urnas para que se impongan los poderes fácticos. ¡Qué se prohíba tajantemente el uso de tarjetas! Que el INE no se haga cómplice de estos fraudes y estos atentados a la democracia».

Luis Humberto Fernández, también del PT y miembro de la comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, acusó que es parte de una estrategia del grupo en el poder.

«Es una estrategia del PRI y del Partido Verde para la elección, basado en cosas ilegales o institucionales. El hecho de que se nombre a gente como Moreira en la estrategia pues te habla de una elección muy complicada. El Tribunal despierta desconfianza», consideró.

«En qué, ¿en jurídica cabe que alguien te dé dinero o de una tarjeta con una prestación, con servicios específicos? No, es un acto de compra, se está recibiendo una transacción a cambio de. Entonces, sin duda es un tema que no abona a una elección legal».

La perredista Angélica de la Peña, también miembro de la comisión Anticorrupción, señaló que el Tribunal Electoral perdió su imparcialidad.

«Deja muy mal parado al CGINE (Consejo General del INE) que había decidido identificar correctamente cómo las tarjetas rosas fueron usadas para manipular el voto de personas necesitadas de esa prebenda. Es muy preocupante lo que ha decidido el Tribunal Electoral, que todo indica ha perdido su imparcialidad en esta decisión y no apoyó el fundamento en el que se fundó el CGINE», apuntó.

«Es muy lamentable porque lo que deben garantizar es elecciones libres, que no haya presión, amenazas o compra de voluntades a partir de usar las carencias de la gente, eso es realmente inmoral y deslegitima el sentido del voto. Hoy esa decisión no nos da esa confianza que requerimos. Es muy preocupante lo que han resuelto; tendremos tarjetas de todos colores en la elección simulando propaganda electoral y no lo que realmente son: compra del voto».

El pasado miércoles, al resolver las impugnaciones, el Tribunal federal dio la razón al PRI y al PVEM y determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) se excedió al prohibir la entrega, además de ordenarle considerarla «propaganda electoral» y sumarla a los gastos de campaña de los candidatos en la etapa de fiscalización.

REFORMA publicó que consejeros del INE temen que esto implique abrir la puerta a la coacción del voto y les ate de manos para sancionar a los partidos se extralimiten con la entrega de dádivas sociales.

Fuente Reforma