Benjamín Torres Uballe
El próximo domingo se conmemora a nivel mundial el Día de los Derechos Humanos. En nuestro país escucharemos los acostumbrados pronunciamientos oficiales, garantizando el “respeto irrestricto a los derechos humanos”. Una afirmación falaz y, en consecuencia, muy lejana a la realidad que desde hace décadas padece México en esa materia fundamental.
Hablar de los derechos humanos no es referirse sólo a la seguridad física que el gobierno está obligado legalmente a garantizar a todos los mexicanos. El concepto abarca también el derecho inalienable que todo individuo tiene de contar con un empleo justamente remunerado, que sea capaz de proporcionar los recursos para satisfacer las necesidades primordiales de alimentación, vivienda, educación y servicios médicos, además del indispensable desarrollo social y económico.
La inmoral y cada vez más profunda brecha de la desigualdad que existe en la nación tiene hoy postrados en la pobreza a 53 millones de personas. Eso es un atentado muy grave en contra de los derechos humanos de esos mexicanos cuyo horizonte carece de bienestar, y más bien está plagado de penurias y desesperanza. Ellos seguramente no tendrán motivo alguno para celebrar.
Qué decir de los más de 9 millones de connacionales que viven marginados en pobreza extrema en comunidades de las que el gobierno, en sus tres órdenes, poco quiere saber. En el mejor de los casos, los visitarán en épocas electorales y los suscribirán temporalmente a algún programa “social”.
Dónde quedan los cacareados derechos humanos en México, cuando los inmorales aumentos a los precios del gas LP constituyen un atentado a la exigua economía de las familias. O desde el momento en que los incrementos a pasajes del transporte público, derivado del alza en las gasolinas, representan una lesiva merma en el ingreso de millones de trabajadores en la república mexicana.
Imposible hablar del acatamiento a tales derechos, si éstos no se respetan en medio de una devastadora ola de violencia que tiene sumida en el terror a la población. Ya no se está seguro prácticamente en ningún sitio, si en las calles, los restaurantes, los centros comerciales, las unidades de transporte público, en los cajeros automáticos o en las viviendas asaltan a cualquier hora.
Aun menos posible es sentirse orgulloso de la manera en que se honran los derechos humanos en esta nación, si muchos de los depredadores del erario permanecen impunes, o brincando como chapulines de un cargo público a otro sin el menor pudor, con la anuencia de la nomenclatura que se apropió del poder público. Tampoco, cuando de modo vergonzoso, la alta burocracia se asigna sueldos, aguinaldos y bonos exorbitantes, que son una burla comparados con los recientes 8.32 pesos otorgados al salario mínimo, lo cual fue calificado como insuficiente por el propio sector patronal.
Por todo lo anterior, resulta ridículo considerar que en México priva un Estado que respete plenamente los derechos humanos si las corruptelas gubernamentales están a la vista de todos.
Algunos “ejemplos” contundentes están encarcelados, y un “pez gordo” que salió huyendo de Chihuahua anda sospechosamente prófugo; incluso, otro involucrado en los supuestos sobornos de Odebrecht es protegido a toda costa. No obstante, la mayoría permanece viviendo cómodamente del presupuesto, donde, desde luego, los funcionarios no conocen de pobreza, carencias, inseguridad o sueldos mínimos.
Y en una tremenda paradoja, México cuenta con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuya utilidad es harto cuestionable. Simplemente es un oneroso organismo que se dedica a emitir recomendaciones sistemáticamente, con el estilo de los arcaicos boletines oficiales; nada soluciona. Entre sus limitaciones legales y sus intereses políticos, está convertida en una nulidad y una especie de elefante blanco que permite, eso sí, vivir extraordinariamente bien a quienes la dirigen cada sexenio y proyectarse a esferas de mayor relevancia. Basta recordar la casita del extitular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, quien fue “balconeado” por el periódico Reforma, pues demolió su antigua casa para levantar una residencia de tres pisos —valuada en ese entonces, 2014, en 20 millones de pesos, según el diario— de estilo contemporáneo, con acabados de lujo, jardín y cochera.
Mas si alguien en el gobierno actual pretende refutar el respeto a los derechos referidos, sólo debe remitirse a las decenas de ejecuciones —no aclaradas— de comunicadores que constituyen per se no sólo un atentado en contra de la libertad de expresión, sino en contra de los derechos humanos de los periodistas y sus familias. Ahí queda de manifiesto la flagrante violación y el desinterés a los derechos referidos.
Si bien existen algunos avances en el tema de los derechos humanos, el camino por recorrer es demasiado extenso e inextricable, y, como país, se está demasiado lejos de poder presumir que sean siquiera respetados medianamente por las instancias del gobierno. En el Día de los Derechos Humanos, los mexicanos lamentablemente padecemos un Estado bananero, que está en el culmen de la transgresión a los multicitados derechos. No hay razones para celebrar.
@BTU15
