Los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que filtren información sobre alguna investigación interna contra otro integrante de los organismos jurisdiccionales deben ser sancionados, y esta práctica debe ser desterrada.
Así lo indicó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, quien durante su tercer informe de labores condenó a los funcionarios que propagan “meras suposiciones de responsabilidad” para desacreditar a otro de sus compañeros.
“Formulo mi condena más enérgica a aquellos funcionarios o empleados que sin ética alguna, sin respeto a los derechos humanos y con bajeza de humanidad, difunden y propalan determinaciones que sólo son meras suposiciones de responsabilidad que pudieran o no generar un procedimiento de responsabilidad por el que habría de juzgarse a algún servidor público.
“Práctica que no sólo debe desterrarse, sino, esa sí, sancionarse cuando con ello se afectan los derechos fundamentales y se expone, de manera absolutamente injustificada a algún funcionario público al descrédito, sin haberse seguido un procedimiento en el que se respete el debido proceso legal”, indicó.
Enlistó los trabajos del PJF en materia del nuevo sistema penal acusatorio y reiteró que no es tarea ni responsabilidad de los juzgadores mejorar las condiciones de seguridad del país.
“Lo he dicho y lo repito, no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país; nosotros, los juzgadores, cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución labor que no vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica que se haga, lo único que nos corresponde obedecer es la ley”, destacó.
“El sistema acusatorio no es un sistema de prisiones o libertades, es un sistema sustancialmente de protección de derechos fundamentales”.
Ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, Jorge Carlos Ramírez Marín y Ernesto Cordero; integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del CJF; el ministro presidente afirmó que una de las misiones más delicadas que tiene el Estado es garantizar la seguridad jurídica ante el “seguramente complicado proceso electoral del año próximo”.
Por ello, enfatizó en que es obligación de todos, autoridades y ciudadanos, cumplir y hacer cumplir las leyes para favorecer la paz social que requieren los comicios de 2018.
Fuente: El Universal