La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó al primer funcionario de Pemex involucrado en el caso Odebrecht.

Derivado de las auditorías realizadas a los contratos que la empresa otorgó a la empresa brasileña en México, la dependencia impuso una multa de 119 millones de pesos a un servidor público, del cual no se reveló el nombre.

Se trata de un funcionario de Pemex que desempeña un puesto equivalente a una subdirección, a quien también se le destituyó del puesto y se le inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo dentro de la Administración Pública Federal.

«Se sancionó con destitución del cargo e inhabilitación por 10 años, a un servidor público de Pemex, a quien, además, se le impuso una sanción económica de más de 119 millones de pesos», indicó la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, el salario de un subdirector en la empresa productiva del Estado ronda los 112 mil pesos mensuales, por lo que, si destinara íntegramente su salario al pago de la sanción, tardaría en cubrirla casi 89 años.

Fuentes de la dependencia indicaron que la falta en la que incurrió el sancionado fue haber autorizado pagos en exceso dentro de la ejecución del contrato denominado Tula I «Acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo».

Sin embargo, la resolución de la SFP no es definitva debido a que el servidor público aún puede impugnarla por distintas vías.

El lunes pasado, la SFP dio a conocer una inhabilitación de cuatro años a la filial de la firma brasileña para que no pueda participar en la obtención de contratos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Gómez dijo que con esta resolución, México se convierte en el primer país de América Latina que inhabilita a la empresa y le impide obtener más contratos.

«Sin duda, cuatro años de inhabilitación, tienen un impacto importante en las finanzas de cualquier empresa, sin embargo, es fundamental reiterar que ésta es solo, la primera resolución emitida dentro de una investigación que dio lugar al inicio de ocho procedimientos sancionatorios de carácter administrativo», enfatizó.

De los ocho procedimientos iniciados, dos han concluido con sanciones, tres se encuentran suspendidos debido a que se están desahogando juicios de amparo y los tres restantes están en fase de integración.

«En este contexto, tengan la seguridad de que la Secretaría de la Función Pública ha hecho lo que le corresponde. Nada más de lo que le corresponde», señaló Gómez.

El tema del presunto soborno que la empresa habría entregado al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para obtener contratos, está siendo investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) debido a que es de naturaleza penal y no administrativa.

Fuente: Reforma