Les llegó el turno a nicaragüenses, hondureños y haitianos. De concretarse la amenaza lanzada por el Departamento de Seguridad Interna, en un término de 18 meses deberán salir de Estados Unidos más de 100,000 personas que se encuentran bajo el amparo de acuerdos de protección temporal, con 10 y hasta 20 años de antigüedad.
A lo anterior habrá que añadir a los indocumentados mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos y de otras nacionalidades, además de la amenaza contra más de 800,000 jóvenes, los llamados “soñadores”, cuya suerte el presidente Trump puso en manos del Congreso con fecha fatal para el 5 de marzo próximo y plazo de tres años para alcanzar un estatus migratorio definitivo o de plano dejar el país en el que han pasado casi toda su vida.
Es decir, la amenaza alcanza a más de 1 millón de seres humanos que en este momento, ellos y sus familias, viven en la incertidumbre, hablamos de trabajadores que aportan su esfuerzo a la economía estadounidense en diversas áreas de los servicios y, en el caso de los “soñadores”, la mayoría profesionales que laboran en la educación y en empresas especializadas.
Como ha ocurrido en otras ocasiones, las acciones y amenazas de la administración Trump toman desprevenidos o sin redes de protección a los países.
De producirse un éxodo masivo, el impacto en las comunidades más pobres de toda Centroamérica y México puede resultar de graves consecuencias, de entrada por la caída de las remesas, pero sobre todo por la falta de empleos, la inseguridad y oportunidades para personas que tendrían serias dificultades para reinsertarse.
Por ejemplo, los hondureños advierten que, por la violencia, regresar a sus lugares de origen es todo un riesgo; con los haitianos, el impacto que han dejado fenómenos naturales y la pobreza han obligado a la migración masiva desde el 2010.
Por ahora la única voz sensata ha surgido del gobierno de Canadá, que analiza la posibilidad de abrir las puertas a los jóvenes profesionistas que queden fuera del llamado DACA y la creación de un programa de estancia temporal para centroamericanos que puedan llenar plazas de trabajo que están vacantes en sectores como los servicios.
Como se debe suponer, el primer impacto es para las comunidades de origen, que no han cambiado prácticamente nada desde que los migrantes se vieron obligados a salir; pero en todo caso, hablamos de gente dispuesta a trabajar; el problema está con los delincuentes que pertenecen a pandillas como la Mara Salvatrucha, creada por salvadoreños, la mafia mexicana, los aztecas, los trinitarios de origen dominicano y otras que en conjunto sumarían más de 100,000 pandilleros que se dedican al narcotráfico, secuestro, asesinato, venta de protección, robo y delincuencia común, que operan en unas 40 ciudades, entre ellas Nueva York, Los Ángeles y Chicago.
Está claro que nadie en su juicio defiende criminales, y Estados Unidos está en todo su derecho de proteger sus fronteras y comunidades, de hecho lo tendrían que practicar todos los países.
Hecha la aclaración, lo que hay que evitar es un sobrecalentamiento socioeconómico de toda la región, que como bumerán se le regresaría a Estados Unidos; porque con muro y sin muro los expulsados buscarían regresar.
Los mexicanos han sido blanco permanente del presidente Trump, ahora nicaragüenses, haitianos y hondureños están bajo amenaza. ¿Quiénes siguen?, ¿salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, venezolanos?
¿Qué están haciendo los gobiernos de esos países para anticiparse a lo que parece ineludible? Poco o nada, lo evidencia la mayoría de repatriados en estos poco más de 10 meses del gobierno de Trump.
