La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Poder Legislativo redactar la ley reglamentaria en materia de gasto de comunicación social.

Los ministros discutieron un proyecto de amparo, promovido por Arturo Zaldívar, y que fue presentado por la organización Artículo 19.

El Máximo Tribunal determinó que hubo una omisión legislativa absoluta al no trabajar dicha legislación, creada desde 2014, por lo que fijó hasta el 30 de abril para que el Congreso de la Unión prepare la normativa.

Según la organización, al no haber una regulación de los gastos en materia de publicidad oficial, se propiciaba el uso arbitrario de los recursos que beneficia a los medios que son afines al gobierno y discrimina a los que son críticos.

En entrevista con José Cárdenas para Radio Fórmula, Zaldívar resaltó que éste es un precedente histórico que reconoce que la ausencia de una regulación en la materia genera una restricción directa o indirecta a la libertad de expresión.

Aunque el dictamen no especifica qué características debe tener dicha legislación, sí prevé que debe cumplir con ciertos criterios incluidos en la Carta Magna, entre ellos, que la propaganda oficial debe tener carácter institucional, fines informativos, educativos o de orientación social.

También se menciona que en ningún caso debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, además de que los gastos deben cumplir con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.