Plan del Frente: nuevo régimen y juicio al Presidente

El Frente Ciudadano por México ofrecerá a los votantes en los comicios de 2018 desde “revisar el impuesto a las gasolinas”, “simplificar el régimen fiscal”, “dotar de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación”, eliminar el fuero a todos los servidores públicos y cambiar el 108 constitucional para poder acusar y llevar a juicio a un presidente en funciones por corrupción u otros delitos; hasta un gabinete aprobado en su totalidad por el Congreso, políticamente plural, formado por “equidad de género, méritos y en el que el secretario de Gobernación sea el Jefe de Gabinete propuesto por fuerzas políticas distintas al presidente. En materia política plantean un “cambio de régimen político” basado en la democracia participativa, con referéndum, revocación de mandato, plebiscito y parlamento abierto; mientras que el modelo económico que proponen para sustituir al actual neoliberal, lo denominan “economía de mercado social”.

En un proyecto de la Plataforma Electoral del Frente, que recibe los últimos ajustes antes de su presentación ante el INE en enero próximo, el PAN, PRD y MC proponen un nuevo “modelo de Estado”, basado en cinco ejes principales: 1) la transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana; 2) el combate frontal a la corrupción y la impunidad; 3) la pacificación del país con seguridad, respeto a derechos humanos y justicia para todas las personas; 4) un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y
sostenibilidad; y 5) el fortalecimiento de la posición de México en el mundo.

Para cambiar al actual régimen político mexicano, que “está rebasado y es inviable para las necesidades y retos del país”, el Frente propone “acotar el presidencialismo metaconstitucional” y cambiarlo por uno en el que “la ciudadanía tenga mayor capacidad para influir en las decisiones del país. Un gobierno de la ciudadanía y no uno del Presidente de la República, es el objetivo el Frente Ciudadano por México”, explica el documento del que esta columna tiene una copia. Se plantea para lograr ese cambio “empoderar a la sociedad” con acciones para abrir mayores espacios de participación ciudadana en la vida pública, como ampliar y robustecer mecanismos de democracia participativa como referéndum, presupuesto participativo, plebiscito, consulta popular, parlamento abierto y ratificación y revocación de mandato.

“Desmantelar el presidencialismo”. En el apartado del cambio de régimen, los partidos que integran el Frente proponen algo parecido a un régimen semiparlamentario, y aunque no lo denominan así, sí hablan de modificar la Constitución para “desmantelar” el régimen presidencialista y crear un sistema de “contrapesos” en el que el Congreso tenga mayor poder y participación en la toma de decisiones del gobierno.

Y para lograr esos “pesos y contrapesos” entre poderes, hablan de “promover reformas constitucionales que desmantelen el presidencialismo vigente, sustituyéndolo por uno que garantice la participación de la sociedad en los temas trascendentes para el país”.

También plantean reformas a la Constitución para la construcción de mayorías parlamentarias estables y sólidas, que fortalezcan al Congreso de la Unión como contrapeso efectivo del Ejecutivo y corresponsable en la toma de decisiones. Proponen que el periodo para los órganos de gobierno de las Cámaras de Diputados y Senadores (Juntas de Coordinación y Mesas Directivas) que se integren, duren una legislatura completa y no un año, como ocurre actualmente con las presidencias rotativas.
Gabinete plural y ratificado por el Congreso. Entre las medidas para “fortalecer el sistema democrático”, los partidos frentistas proponen la integración del gabinete con una composición plural y con criterios de equidad de género, capacidad, méritos, profesionalismo y honestidad, estableciendo que será obligatoria la raticación
de todos sus integrantes por parte del Congreso de la Unión.

El titular de la Secretaría de Gobernación fungirá como jefe de gabinete y será propuesto por fuerzas políticas distintas a las del presidente, dentro de las que integren la coalición, con el fin de garantizar pluralidad. Todos los secretarios de Estado deberán comparecer obligadamente ante ambas Cámaras y deberán presentar “informes periódicos” al Congreso de su trabajo.

Juicio al presidente en funciones. En el tema del combate a la corrupción, el Frente Ciudadano se propone perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, dotar a la Auditoría Superior de la Federación de autonomía constitucional plena para castigar desvíos de recursos, no sólo de origen federal, sino también estatal. También hablan de reformar el marco legal de la Fiscalía General de la Nación, para que quien la encabece sea una persona con buena reputación, capacidad técnica e independencia, y proponen eliminar la prescripción de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se plantea eliminar el fuero constitucional “para todos los servidores públicos del país” (no especifican si se incluye a los legisladores), impulsar una Comisión Ciudadana para la Investigación de Actos de Corrupción, “que ayude a poner al descubierto la verdad sobre los casos notables, pasados y presentes, y exponer públicamente a los corruptos, a n
de enjuiciarlos. Y en el caso del Presidente, que hoy no puede ser juzgado por ningún delito mientras esté en el cargo, se hace una propuesta para acabar con el carácter de “intocables” de los mandatarios: reformar el párrafo segundo del artículo 108 constitucional para que, durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la

Presidencia de la República pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción y los considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución, responsabilidad administrativa y responsabilidad civil.

El modelo económico y de seguridad. En materia de seguridad, los partidos integrantes del Frente Ciudadano se proponen “revisar y regular” la participación de la Fuerzas Armadas en labores de seguridad contra la delincuencia organizada y su papel en la seguridad interior. No hablan de “retirar” al Ejército de las calles, pero sí proponen una “política de seguridad humana” que lleve a la pacificación del país y garantice a todos los mexicanos el derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia. Hablan de rediseñar el Sistema Nacional
de Seguridad Pública, a través de una nueva instancia de seguridad ciudadana, separada de la Segob, además del combate a las violaciones de derechos humanos y de fortalecer a las instituciones policiacas para enfrentar al delito y recuperar la confianza de la sociedad.