El Senado de la República pidió al presidente Enrique Peña Nieto solicite al gobernador de Texas, Greg Abbott, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el indulto y la reposición del proceso penal en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, condenado a muerte en ese país

Asimismo pidieron a la cancillería que a nombre del Senado mexicano exhorte al gobernador del estado de Texas para que dé respuesta a la petición realizada por el gobierno del estado de Guanajuato, a fin de que se convoque a una audiencia de clemencia, revisión y reconsideración en el juicio y proceso que se sigue en contra de Cárdenas Ramírez cuya ejecución está programada para este 8 de noviembre.

Los senadores consideraron que esta ejecución constituiría una violación irreparable a los derechos fundamentales a que se refiere el artículo 36 de la Convención de Viena.

La situación de Cárdenas Ramírez –recordó–se enmarca en el muy conocido “Caso Avena”, como se conoce a la resolución de la Corte Internacional de Justicia, que dio la razón a México en los casos de cinco decenas de mexicanos a quienes se había negado el derecho a la asistencia consular.

La resolución de 2004, que suponía la reposición de los procesos judiciales, fue aceptada por el gobierno de Estados Unidos, aunque años más tarde, la Suprema Corte de Justicia de ese país determinó que no había manera de hacerla cumplir.

Durante estos años, organismos internacionales entre ellos Aministía Internacional, han documentado con amplitud que los derechos de Cárdenas Ramírez fueron violados desde el momento de su detención, por ejemplo, no tuvo un abogado durante nueve días, y sólo consiguió que le fueran ofrecidos los servicios de un defensor cuando hizo la solicitud ante un notario público.

Amnistía Internacional, que se ha interesado en este caso, ha dicho que “la  fiscalía se basó en pruebas que, según los estándares actuales, se considerarían sumamente poco fiables”. Además, la petición de los abogados de Cárdenas Ramírez para que se realizaran exámenes de ADN a las pruebas del homicidio del que fue acusado, no obtuvo respuesta.

Asimismo como ciudadano mexicano tenía derecho a ponerse en contacto con el consulado y recibir asistencia. Este derecho también le fue negado.
En tanto, Jacob Prado González, Director General de protección a mexicanos en el exterior, dijo que desde el punto de vista diplomático, se seguirá insistiendo para que el gobernador de Texas, posponga la ejecución de Rubén Cárdenas Ramírez.

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