Miles de migrantes nicaragüenses que llegaron de manera ilegal a Estados Unidos, muchos de ellos hace décadas, perderán un permiso especial para quedarse en ese país, según anunció el gobierno de Donald Trump el lunes.

Sin embargo, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que la fecha de término del programa sería aplazada un año, hasta el 5 de enero del 2019, para que los 2500 nicaragüenses tengan tiempo de dejar el país o arreglar su estatus migratorio.

El programa con el que podían quedarse, el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés), fue establecido en 1990 por el congreso estadounidense para proteger a extranjeros, especialmente centroamericanos, que huían de conflictos, catástrofes o desastres; fue ampliado también para beneficiar a haitianos después del terremoto de 2010.

Los funcionarios dijeron que Elaine Duke, la secretaria en funciones de Seguridad Nacional, no había tomado aún una decisión para los cientos de miles de migrantes haitianos, salvadoreños y hondureños que también son beneficiarios del programa. El departamento tenía hasta el 6 de noviembre para decidir si extender o poner fin al programa para personas de Nicaragua y Honduras; para estas últimas será aplicable por lo menos hasta el 5 de julio. Para los haitianos, el plazo para decidir es el 23 de noviembre.

El gobierno de Trump dijo que, en algunos casos, la protección se ha extendido durante décadas y las condiciones en los países de origen, según los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, habían mejorado lo suficiente como para que pudieran regresar. El gobierno estadounidense y algunos legisladores dijeron que los migrantes cobijados por el TPS reciben servicios públicos y ocupan trabajos que podrían ser dados a ciudadanos estadounidenses.

Muchas de las más de 300.000 personas resguardadas de la deportación como parte del programa han vivido en Estados Unidos durante años y son dueños de hogares, tienen carreras y han tenido hijos que sí son ciudadanos.

Ahora su futuro es incierto.

Quienes tienen protección con el programa tendrán seis meses para salir de territorio estadounidense cuando se venzan sus permisos. Diez países califican para el TPS: El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen.

La decisión del gobierno de Trump de retirar el estatus para los nicaragüenses es parte de un esfuerzo para reducir la migración por vías tanto legales como ilegales a Estados Unidos. La Casa Blanca ha buscado aplicar de manera más agresiva las leyes migratorias, al arrestar y deportar a quienes están sin papeles en Estados Unidos sin importar si han cometido algún delito grave, además de que han reducido el número de refugiados y asilados.

El senador Benjamin Cardin, demócrata por Maryland, dijo que enviar a miles de personas de regreso a naciones centroamericanas cuando todavía se recuperan de desastres o de conflictos internos podría desestabilizar aún más a esos países. Cardin criticó que la medida es parte de una “agenda radical antiinmigración de la Casa Blanca” y que no ha estudiado análisis más honestos sobre las condiciones en los países.

“La recomendación del gobierno de Trump de ponerle fin al Estatus de Protección Temporal a cientos de miles de personas de todo el mundo que viven en Estados Unidos es cruel y penoso”, dijo Steven Choi, director ejecutivo de la New York Immigration Coalition, durante una conferencia de prensa. “Estados Unidos no será más grandioso o seguro con enviar de regreso a personas que ya hicieron una vida aquí”.

Aunque Belinda Osorio, hondureña de 48 años que llegó a Estados Unidos en 1991 en busca de trabajo, dijo que se sentía algo aliviada de que la situación no fue tan mala como esperaba: había escuchado rumores de que su estatus sería anulado de manera inmediata.

Sin embargo, reconoció que solo estaba posponiendo el pánico.

“No creo que en seis meses se vaya a arreglar algo, porque ¿qué vamos a hacer después de seis meses?”, dijo Osorio, quien trabaja como mucama en un hotel de Disney World Resort en Orlando, Florida. “No nos vamos a ir. Yo no voy a dejar mi país y no voy a llevar a mis hijos a un país peligroso”.

Dijo temer que si es forzada a regresar a Honduras, su hijo de 14 años sería amenazado con unirse a una pandilla. La madre de 72 años de Osorio, dijo, ya ha sido extorsionada por pandilleros y Osorio teme que la situación sería todavía peor para ella y sus hijos como retornados de Estados Unidos.

Como otros beneficiarios del TPS, Osorio ya construyó una vida con la impresión de que no tendría que regresar. Está casada con un ciudadano estadounidense, tienen dos hijos y ella cuenta con un trabajo con el cual su familia tiene acceso a seguro de gastos médicos. Dijo que durante años ha intentado solicitar una tarjeta de residencia, o green card, con base en su matrimonio, y que esperaba que su solicitud fuera exitosa antes de que termine su acceso al TPS.

“Yo al menos tengo esperanza por mi esposo, pero hay mucha gente que no tiene nada. Su única esperanza es el TPS”, dijo. “No es justo después de tantos años de trabajar tan duro en este país que quieran deshacerse de nosotros así como así”.

El exsecretario de Seguridad Nacional John Kelly, ahora jefe del personal de la Casa Blanca, extendió el programa para los haitianos en mayo, por lo que tienen hasta finales de noviembre para que se determine si pueden quedarse.

Los salvadoreños, que representan el 60 por ciento de quienes están en el programa de protección, tienen hasta el 9 de marzo antes de que expire su estatus.

Este se renueva de manera periódica y los beneficiarios tienen que tener su permiso en orden para evitar la deportación con el pago de 495 dólares cada vez que lo retoman. El gobierno de Obama usualmente extendía el estatus por dieciocho meses a la vez.

Un grupo bipartidista en el congreso –compuesto por los republicanos por Florida Carlos Curbelo e Iliana Ros-Lehtinen y por los demócratas del mismo estado Frederica S. Wilson y Alcee Hastings– introdujeron una propuesta legislativa la semana pasada con la cual algunos haitianos, nicaragüenses, salvadoreños y hondureños podrían recibir estatus migratorio legal.

Fuente: NYTimes