En entrevista vía telefonica, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Segob, habló sobre el testimonio de las mujeres del caso Atenco ocurrido en 2006, sobre ello puntualizó que el Estado mexicano debe brindar una disculpa pública, mostrar que ha hecho y está tratando de hacer, todo lo posible para una reparación integral reconociendo la responsabilidad internacional que tuvo por los hechos que ahí ocurrieron.

Señaló que nunca se discutió si había habido violaciones de derechos humanos o no, por supuesto que ocurrieron y es responsabilidad internacional del Estado reparar esas violaciones, afirmó. Agregó que aunque el Estado haya hecho uso legitimo de la fuerza para mantener una manifestación extralegal, violenta, se violentaron los derechos humanos.

Trajo a colación el informe de la Suprema Corte de Justicia del año 2009 que estableció que sí se había hecho un uso legitimo de la fuerza pero por falta de capacitación, protocolos adecuados, se desbordaron algunos elementos del operativo policial y se cometieron inaceptables violaciones a los derechos humanos.

Afirmó que el Estado acatará la sentencia que emita la Comisión Interamericana de Derechos que Humanos, como lo han expresado en las audiencias, pues recordó que desde 1998 el Estado mexicano aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Comentó que espera que la sentencia de la Corte considere una reparación integral de los daños causados a las victimas, es decir, que se completen las investigaciones, que haya sanción a los culpables, porque como dijo el fiscal general del Estado de México, sí hay proceso, sí hay imputados, pero lo que no ha habido son sentencias efectivas porque todos esos juicios se están haciendo con ese sistema penal anterior que lleva demasiado tiempo por todos los recursos que da a la defensa de los imputados.

Finalizó diciendo que la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Cancillería, han ofrecido una serie de reparaciones materiales y morales para las victimas, quienes no las han aceptado porque consideran que tiene que darse una reparación integral que incluya verdad y justicia.