Benjamín Torres Uballe
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre libertad de expresión, David Kaye, y el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, estarán en México del 27 de noviembre al 4 de diciembre para —dizque— evaluar el estado que guarda el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pues es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo.
Los relatores bien pueden ahorrarse el viaje y destinar esos recursos a otras tareas. Bastaría que ambos buscaran en internet el concepto “periodistas asesinados en México”, y enseguida tendrían toda la información respectiva. Ejercer el periodismo en nuestro país es un acto extremo de valentía; en especial si se realiza en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua o Sinaloa, entre otras entidades. Durante la administración peñista han sido ejecutados 38 comunicadores.
Realmente en la república mexicana el perverso desinterés gubernamental por garantizar el inalienable derecho de expresión a través del periodismo es evidente. Las numerosas muertes violentas así lo demuestran. La ausencia de castigo a los criminales materiales e intelectuales es otra prueba contundente. Y la inacción y negligencia de las autoridades respectivas conducen a la sospecha.
Cuando un profesional del periodismo es abatido, la retórica oficialista surge de inmediato, como un oprobioso guion preestablecido. Frases de funcionarios asegurando que “el hecho no quedará impune”, que “se aplicará todo el peso de la ley a los culpables” y que “se llegará hasta las últimas consecuencias” se han convertido en las mentiras recurrentes que nadie, por supuesto, cree.
Si bien no existen pruebas para afirmar que el gobierno tiene algún vínculo con esas agresiones, sí es motivo de investigación exhaustiva para saber por qué no actúa con la debida diligencia en los casos donde se atenta contra quienes ejercen el trabajo periodístico. No hacerlo cae en la omisión y eso sí es un delito. Y lo es más cuando existe una onerosa Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que sirve para absolutamente nada.
Hasta hoy lo que prevalece en las autoridades respectivas, cuando de proteger a los comunicadores se trata, es la indiferencia. Una apatía que puede estar motivada por ciertos intereses oscuros que beneficien a quienes tienen la obligación constitucional de garantizar la libertad de expresión y el trabajo de reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Pero todo lleva a un peligroso entorno donde pareciera que, con cada trabajador de los medios masacrado, se elimina a un crítico de los malos gobiernos, o a un señalador de corruptelas, complicidades o conductas perniciosas.
Así que la presencia de los relatores de la ONU y la CIDH en el país es prácticamente ociosa. Nada cambiará a pesar de las recomendaciones que puedan elaborar al concluir la pomposamente llamada evaluación. Y no habrá modificación alguna mientras el gobierno federal y quien lo preside no muestren voluntad política para que se llegue al fondo de cada uno de los abominables
crímenes que han costado la vida a docenas de periodistas y han dejado en el desamparo a muchas familias. Por cada una de esas muertes que permanecen impunes se alienta a reincidir.
“Si bien existe una serie de mecanismos diseñados para protegerlos, el gran número de ataques y la impunidad en la mayoría de los casos muestran claramente que los mecanismos de protección actuales son inadecuados”, afirmaron los dos relatores este jueves en una declaración conjunta.
Y dicen verdad los especialistas de las instancias internacionales. Si algo ha caracterizado a los diferentes gobiernos que han soportado los mexicanos es la creación abundante de leyes, muchas de ellas —a decir de expertos en la materia— a la altura de las mejores del mundo. El “gran pero” es la aplicación torcida de las mismas, que muchas veces están subordinadas a los caprichos, intereses y arbitrariedades de las altas esferas del poder. Así no hay ley que sirva, por perfecta que sea.
Mientras todo ello sucede, los medios se autocensuran por las amenazas y los ataques a su personal o a sus instalaciones, socavándose de esta manera uno de los pilares fundamentales de nuestra incipiente democracia: la libertad de expresión. Esto, tristemente, nos ata como país a las condiciones deplorables de nación bananera. Por eso se requiere algo más que visitas cuasi turísticas de funcionarios extranjeros que vengan sólo a constatar lo que la comunidad internacional y todos aquí conocen a la perfección: México es un territorio extremadamente peligroso para ejercer el periodismo.
EL ALCALDE DE ACAPULCO Y LA IDIOTEZ
Acapulco es, desde hace tiempo, uno de los sitios más peligrosos en el territorio nacional. Asesinatos, extorsiones, secuestros y cobros de piso son el pan de cada día. A todo este lesivo coctel hay que sumar la perniciosa presencia del alcalde del puerto, el perredista Jesús Evodio Velázquez Aguirre, quien al presentar el programa del Festival Internacional La Nao Acapulco 2017 interpretó la canción “Asesino de mujeres”. Esto sucedió el día en que asesinaron a una menor de 13 años en Chilapa y de que en el país los feminicidios se han convertido en un infierno. Así la sensibilidad de un político idiota (¿será redundancia?) que ilusamente pretende llegar al Senado.
@BTU15
