Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de Venezuela que en agosto huyó del régimen de Nicolás Maduro tras ser destituida por el nuevo Parlamento chavista, presentó este jueves ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya una denuncia contra el sucesor de Hugo Chávez y varios miembros de su Gobierno. Ortega Díaz, uno de los antiguos altos cargos con más información sobre el aparato bolivariano, solicitó una orden de captura internacional contra el presidente y otros prominentes representantes del Ejecutivo: el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; y el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres.
La acusación principal de la exfiscal, basada según los documentos presentados en “más de mil elementos probatorios”, se centra en las cifras de la represión entre 2015 y junio de 2017, cuando el país vivía una oleada de protestas masivas contra la deriva del chavismo. “Estamos denunciando”, aseguró en declaraciones a los periodistas, “que en el 2015 fueron asesinadas 1.777 personas por funcionarios policiales y militares, en el año 2016 4.667 bajo las mismas condiciones, y hasta el mes de junio de este año se registró el asesinato de 1.846 personas, todas bajo las órdenes de Ejecutivo, amparados en un plan que persigue el Gobierno de limpieza social, una razia”. “También”, agregó, “dentro de la denuncia incluimos las OLP, Operaciones para Liberación del Pueblo, donde fueron asesinadas 505 personas, otra limpieza ejecutada por grupos tácticos de combate”.
Ortega Díaz señala a estos dirigentes chavistas como responsables de “crímenes de lesa humanidad”. Venezuela firmó el Estatuto de Roma en 1998 y por esta razón acepta y debe acogerse a la jurisdicción de la CPI, que investiga delitos como el genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad. La exfiscal les atribuye “asesinatos, torturas, encarcelación, así con un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”. “Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia, no es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad”, consideró. La denuncia incluye informes médicos, pericias psiquiátricas, inspecciones técnicas y entrevistas que, según la jurista, prueba también “17.000 detenciones arbitrarias, cientos de casos de tortura” y otros efectos de “la militarización de la seguridad ciudadana que permitió el uso de las armas de fuego en las manifestaciones, que trajo como consecuencia muerte y represión”.
Fuente: El País