El drama entre el gobierno español en Madrid y el gobierno proindependentista en Cataluña, que ha ido escalando en tensión en particular desde el viernes, cuando las autoridades separatistas catalanas declararon la independencia, ha incluido a dos personajes que les resultan familiares a los estudiantes de política española: el mártir y el dictador.

Carles Puigdemont, quien hasta el viernes era el presidente del gobierno catalán, se ha autoasignado el papel del mártir. En las semanas que siguieron al referendo del 1 de octubre, en el que cerca del 90 por ciento de los catalanes que votaron eligieron la independencia, Puigdemont ha representado el papel de la víctima de la malvada administración madrileña. No importa que el referendo fuera inconstitucional ni que solo el 41,5 por ciento del electorado catalán se molestara en ir a votar.

La declaración de independencia del viernes siguió el mismo guion. La decisión de Puigdemont de permitir que el Parlamento de Cataluña declarara su independencia fue un acto de autoinmolación. Sabía muy bien que esa declaración obligaría a Madrid a hacer valer el artículo 155 de la Constitución española, una provisión que permite que el gobierno central tome el control de una comunidad autónoma.

Después de una votación en el Senado de España de 214 a favor y 47 en contra de hacer uso del artículo 155, Madrid disolvió el Parlament y se hizo cargo de las funciones cotidianas del gobierno catalán, la policía autonómica, las cortes y el sistema de telecomunicaciones. Se han programado nuevas elecciones regionales para el 21 de diciembre. Puigdemont incluso enfrenta cargos de rebelión, lo cual podría valerle una pena de hasta veinte años de prisión.

Eso podría quedarle bien. Durante esta crisis, Puigdemont ha disfrutado de la historia del martirio político del movimiento nacionalista catalán. En especial, ha invocado la memoria de Lluís Companys, quien declaró a Cataluña independiente en 1934, justo antes de que iniciara la Guerra Civil Española. Companys más tarde fue capturado por los nazis, entregado al régimen del general Francisco Franco y ejecutado. Naturalmente, el Castillo de Montjuïc, la fortaleza militar desde donde se observa toda la ciudad de Barcelona y donde el ejército franquista ejecutó a Companys, se ha convertido en un altar para los separatistas catalanes, sobre todo durante este último mes.

Por su parte, el presidente Mariano Rajoy está actuando como guardián del Estado de derecho y protector de la nación, un papel evocador de una larga línea de personajes autocráticos en la historia española (los caudillos), en particular del mismo Franco, quien gobernó con mano de acero desde 1939 hasta su muerte en 1975.

En el centro del franquismo se encontraba el mito de una España unificada y culturalmente homogénea, que se mantenía unida gracias a la gloria de la civilización española —sobre todo al “descubrimiento” del Nuevo Mundo y la cristianización de la península ibérica— y a una cultura común definida por la lengua española y el catolicismo. El Partido Popular conservador de Rajoy tiene sus orígenes en la Alianza Popular neofranquista, partido que fue fundado por antiguos ministros de Franco después de la muerte del dictador.

Desde 2006, cuando los electores catalanes aprobaron el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, un documento que exige mayor control de sus propios asuntos, Rajoy ha luchado contra los separatistas con cada medida legal y política de las que dispone: desde recurrir al Tribunal Constitucional en 2010, el cual declaró nulos los componentes más importantes del estatuto, hasta enviar a la agresiva policía nacional el día del referéndum (unas 900 personas fueron tratadas por lesiones, de acuerdo con funcionarios de salud catalanes).

Mediante sus impactantes actuaciones en los papeles de mártir y caudillo, Puigdemont y Rajoy están intentando obtener puntos políticos mientras España se abalanza hacia el desastre político.

Pese a la declaración de independencia, Cataluña no es más libre hoy que antes. De hecho, después de la invocación del artículo 155 por parte de Madrid, es menos libre.

Además, los prospectos de independencia siguen siendo sombríos: el proyecto catalán de independencia ha obtenido poco ímpetu a nivel internacional. Unos 1700 negocios han transferido sus sedes a otras partes de España. Lo más importante es que no hay una clara mayoría de catalanes que pidan la independencia de Cataluña. Las encuestas muestran de manera consistente que los electores de la región están divididos entre la independencia y el seguir siendo parte de España.

A raíz de la invocación del artículo 155, el martirio proporciona una plataforma útil para mantener vivo el movimiento separatista catalán.

La agenda separatista de Puigdemont ha sido establecida por los elementos más extremistas de su coalición gobernante. En las elecciones regionales de 2015, pudo conformar un gobierno solo después de crear una alianza con la Candidatura de Unidad Popular (CUP), un pequeño grupo radical y sin líder. Para la CUP se trata de la independencia o nada. En los días anteriores a la declaración, los líderes de la CUP advirtieron que estaban “listos para abandonar” la coalición si no se realizaba pronto una declaración inequívoca de independencia. La declaración de independencia de Puigdemont ha complacido en extremo a la CUP.

Parece que Puigdemont prefiere ser un mártir que un traidor. De cualquier manera, a raíz de la invocación del artículo 155, el martirio proporciona una plataforma útil para mantener vivo el movimiento separatista catalán al promover la narrativa cuestionable de España como opresor de los derechos humanos y la libertad política.

Para Rajoy, quien ha tenido problemas propios en mantenerse en el poder en Madrid (necesitó dos elecciones, en 2015 y 2016, para conservar su mandato), ser firme en cuanto a la independencia catalana es un acto fiel a los deseos de los electores españoles conservadores que conforman la mayoría del electorado de su Partido Popular, y quienes no esperan menos de él.

Para la derecha española, que a regañadientes ha llegado a aceptar la noción de una España multicultural y todo lo que eso conlleva, como la autonomía para comunidades que tienden al independentismo, es muy atractiva la idea de un líder fuerte que se defiende de los extremistas regionales. Rajoy también espera que la crisis catalana sea una lección para otras comunidades autónomas intranquilas en España, sobre todo el País Vasco, donde los independentistas ya han recurrido a la violencia.

Activar el artículo 155, algo que ningún líder español ha hecho antes, lleva a otro nivel de drama, santurronería e incertidumbre política el juego de todo o nada de Puigdemont y Rajoy.

El que más pierde es el pueblo español, incluyendo a la mayoría de los catalanes, que a lo largo de este calvario han hecho un llamado constante para obtener lo único que no pueden hacer bien los mártires ni los autócratas: dialogar y llegar a acuerdos.

Fuente: NewsYorkTimes