¿Qué son los Paradise Papers?

Es el nombre de una investigación periodística liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y compartida con 96 medios internacionales; entre ellos, LA NACION, The New York Times, The Guardian, BBC, Le Monde y El Confidencial de España. En total, más de 380 periodistas de 67 países analizaron 1,4 terabytes de información durante un año.

Se basa en una filtración múltiple de 13,4 millones de documentos provenientes de dos grandes estudios jurídicos dedicados a proveer servicios ‘offshore’: Appleby, fundada en las islas Bermudas, y Asiaciti Trust, de Singapur. Pero también abarca información de 19 registros societarios: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, las islas Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago; Labuán; las Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu; Malta y Líbano.

¿Qué son y a qué se dedican Appleby y Asiaciti?

Appleby es un estudio jurídico fundado en las islas Bermudas hace a fines del siglo XIX, y que ofrece servicios ‘offshore’ a sus clientes. Cuenta con oficinas en diez países con baja o nula fiscalidad y absoluta opacidad, como las islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, la isla de Man, las islas Seychelles o Hong Kong. Integrante del llamado «círculo mágico offshore», es decir, el selecto grupo de los nueve bufetes más prestigiosos que proveen servicios ‘offshore’, los clientes de Appleby suelen ser millonarios con más de US$ 30 millones y multinacionales.

Por su parte, Asiaciti Trust también es un estudio jurídico que crea compañías y estructuras fiscales opacas, con sede central en Singapur y oficinas en Samoa, San Cristóbal y Nieves.

¿Qué información aparece en los Paradise Papers?

Los 13,4 millones de documentos que conforman los Paradise Papers exponen cómo multinacionales, millonarios, celebridades y financistas ocultaron activos y movieron fortunas lejos de los controles tributarios. Entre otros, desde la reina Isabel hasta miembros del gabinete del presidente Donald Trump, y desde cantantes como Bono y Shakira, a corporaciones como Glencore, Apple, Nike y Facebook.

En términos generales, Estados Unidos es uno de los focos centrales de la filtración. Más de 31.000 clientes individuales y corporativos de Appleby provenien de ese país o informaron direcciones en ese país. Los siguen, en cantidad, nacionales del Reino Unido, China y Canadá.

¿Qué significa ofrecer «servicios offshore»?

Appleby y otros estudios jurídicos similares -como Mossack Fonseca, protagonista de los «Panamá Papers» en 2015- se dedican a crear entramados societarios complejos que le permiten a sus clientes ocultar su identidad, optimizar su situación fiscal o, incluso, evadir impuestos. Para eso, recurren a sociedades, «trusts» y fundaciones.

En ese sentido, una sociedad «offshore» es cualquier entidad jurídica creada en un paraíso fiscal, pero cuya actividad -si la tiene- se realiza fuera de la jurisdicción en la que se registró. Puede destinarse a la compra de activos -como inmuebles- u operar cuentas bancarias en secreto.

¿Qué información contienen esos 19 registros?

Junto a los documentos de Appleby y Asiaciti Trust, la filtración incluye seis millones de documentos de los registros societarios de 19 paraísos fiscales. Con diversos grados de profundid y precisión, estos documentos administrativos incluyen información sobre los accionistas, administradores y representantes legales de estas compañías.

¿Los registros societarios no son públicos?

En ciertos países, sí; en otros, hasta cierto punto; y en otros más, no. Por eso se considera que esas jurisdicciones son opacas. Es decir, que no cumplen con los estándares mínimos de publicidad. Y ninguno de los 19 registros que integran los Paradise Papers se destacan por su transparencia.

¿Es ilegal utilizar una sociedad offshore?

No. Recurrir a una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita. Pero si el «beneficiario final» de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.

En esa línea, un informe del Banco Mundial determinó que «en la gran mayoría de casos de corrupción, financiación del terrorismo, lavado de dinero y fraude, los vehículos corporativos (ya sean compañías, fideicomisos o cualquier otro tipo de estructura) se utilizan para esconder la identidad de las personas involucradas en la corrupción».

¿Por qué publican ciertos nombres si su operatoria es legal?

Hay varios motivos por los que se decidió publicar ciertos nombres: porque el sujeto es una persona políticamente expuesta (PEP), porque hay un claro interés público, porque el caso en sí es noticiable, porque en ciertos casos hay indicios de incompatibilidad, porque el contexto político internacional avanza contra los paraísos fiscales (al punto que el G-20 impulsa desde hace años por reducir o, incluso, eliminar la operatoria secreta que impera en esos paraísos fiscales), porque ciertas personas o empresas están sujetas a investigación judicial o administrativa, y porque ciertas personas o empresas son contratistas o concesionarios públicos, entre otros.

¿Cuál es la diferencia entre Appleby y Mossack Fonseca?

Ambos estudios jurídicos ofrecen los mismos servicios offshore, aunque varía la calidad de sus prestaciones y clientes. Así, mientras que Mossack Fonseca se concentró en constituir sociedades y abrir cuentas bancarias, Appleby también ofrece la planificación fiscal a sus clientes. Mossack y Appleby se mueven, además, en círculos sociales distintos, ya que los clientes del segundo bufete son más exclusivos, integrantes de la élite global.

¿Qué diferencia a Paradise Papers de Panamá Papers?

La investigación sobre la operatoria y los clientes de Mossack permitió vislumbrar, por primera vez, cómo funciona el mundo offshore por primera vez. Ahora, los Paradise Papers brindan una oportunidad de comprender cómo las grandes fortunas y multinacionales reducen o eluden sus impuestos, con la ayuda de abogados prestigiosos y la complicidad de las autoridades de 19 jurisdicciones que mantienen en secreto sus actividades.

¿Quiénes son los mexicanos involucrados?

Los Paradise Papers mencionan a varios políticos activos y fallecidos que utilizaron un esquema para ocultar sus inversiones y trasladarlas a otros países. Entre los señalados se encuentra Joaquín Gamboa Pascoe, exlíder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), uno de los pilares del PRI.

En los expedientes del Paradise Papers también aparecen empresas ligadas a dos ex funcionarios de primer nivel: Pedro Aspe Armella, exsecretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública con el gobierno de Vicente Fox.

¿Hay empresarios?

Otro mexicano involucrado es el multimillonario Carlos Slim. El reportaje explica que Telecom Américas, uno de los principales negocios de Slim, comenzó operaciones a través de un despacho en Bermudas, en 2000, cuando esa isla figuraba como uno de los paraísos fiscales más opacos.

Los inversionistas acudían ahí porque no se cobraban impuestos –tasa cero- a los capitales extranjeros y se ofrecía el anonimato.

Otro magnate involucrado es Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien operó en Luxemburgo la filial de una empresa que estuvo involucrada en Estados Unidos en un presunto fraude bursátil.

De acuerdo con una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) realizada en 2004, Salinas habría obtenido una ganancia ilícita por 109 millones de dólares al comprar y posteriormente revender deuda de la telefónica Unefon.

¿Hay más involucrados?

De acuerdo con los Paradise Papers, Marcial Maciel y la congregación de Los Legionarios de Cristo montaron una estructura fiscal en Bermudas e Islas Vírgenes, en la que incluyeron a los rectores de sus universidades en México y mediante la cual pudieron esconder sus ganancias de dos décadas a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.

Malta nunca ha firmado un acuerdo de colaboración con México para el intercambio de información fiscal, a diferencia de otros países en la misma situación con privilegios fiscales como podrían ser las Islas Caymán o Barbados, de acuerdo con datos oficiales obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

¿Qué ha dicho el gobierno?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este lunes que revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México.

El Servicio destacó que la información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley.

Fuente: El Confidencial/ The New York Times/Nación 321

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