Alejandra Castillo y Francisco Zarazúa cumplieron en marzo pasado uno de los sueños de su vida: adquirieron un departamento en el que iniciaron su vida en pareja. Disfrutaban de una amplia cocina, habitaciones espaciosas y una terraza para las fiestas con su amigos y familiares. La boda se había programado para octubre.
Tres semanas antes del enlace matrimonial, mientras ambos estaban en su trabajo, un mensaje en el grupo vecinal de WhatsApp lo cambió todo: el edificio donde vivían había colapsado. La fecha en su celular indicaba martes 19 de septiembre: la Ciudad de México había sido sacudida por el sismo más devastador de los últimos 32 años.
La pareja se había “apretado el cinturón” para comprar el departamento de sus sueños. Lo adquirieron mediante dos créditos inmobiliarios, uno de Infonavit —un organismo público autónomo— y otro mediante el banco Scotiabank.
Ambos créditos contaban con un seguro que cubría desastres naturales como el que se registró hace dos meses en la capital mexicana, pero ni Alejandra ni su prometido sabían qué hacer, ni cómo reclamarlo. Es común que las instituciones bancarias que otorgan créditos hipotecarios sean las que eligen la aseguradora, debido a los acuerdos comerciales que tienen entre ellas.
El edificio donde vivían se ubicaba en la calle de Emiliano Zapata número 56, en la colonia Portales. Era de seis pisos y albergaba 24 departamentos, el de la pareja se encontraba en la primer planta, por ello, al momento del temblor, los demás departamentos se cayeron sobre él. Dos personas fallecieron ahí.
Inmediatamente al otro día hice un reporte al banco y sólo me dieron un folio y un número de siniestro. Nuestra póliza de seguro quedó entre los escombros, así que se la pedimos al banco y nos dijeron que Assurant, nuestra aseguradora, debía dárnosla. La aseguradora respondía que se la pidiéramos al banco. Se tiraban la bolita entre uno y otro. Estábamos en total incertidumbre”, cuenta Alejandra a VICE News.
En una de las citas con el ajustador de seguros —narra Francisco— les dijeron que aunque perdieron todo, le tendríamos que pagar un millón y medio de pesos al banco [unos 78.000 dólares].
Alejandra dice que la información era confusa: “Nos hablaban de porcentajes, de montos, del deducible, del coaseguro. De cifras que no entendíamos, pero que al final siempre resultaban en una deuda para nosotros. Les explicamos que acabábamos de perder nuestra casa y que lo único que rescatamos era la ropa que traíamos puesta, que cómo era posible que nos quisieran cobrar cientos de miles de pesos”.
Scotiabank les propuso firmar una serie de documentos que ni Alejandra ni su esposo entendían. La pareja se negó. Después de insistir y no obtener una respuesta clara acudieron a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), una institución gubernamental que asesora a los ciudadanos en sus reclamaciones.
En entrevista con VICE News, Mario di Costanzo, titular de la CONDUSEF, explica que desde el temblor hasta la segunda semana de noviembre se habían registrado 187 quejas ciudadanas: 165 por viviendas que sufrieron algún tipo de daño estructural o se colapsaron, 15 por vehículos afectados y siete por casos de personas que perdieron la vida. Sin embargo, sólo se han resuelto 55. Esto quiere decir que el 70 por ciento está aún en el limbo.
Las primeras quejas que atendimos fueron las de los edificios colapsados, pero éstas se nos siguen acumulando en parte porque creemos que el gobierno de la Ciudad de México está rebasado por las circunstancias, esto debido a que en muchas de las viviendas dañadas que no colapsaron no se ha hecho un dictamen técnico que determine el nivel de daño, sólo se hizo una evaluación rápida. Sin ese dictamen no se pueden iniciar las gestiones ante las aseguradoras”, explica el funcionario.
Además, señala, sin ese documento no podemos evaluar las afectaciones en las áreas comunes de los edificios; es decir, puede ser que los departamentos no hayan resultado con daños significativos, pero las escaleras, los estacionamientos y las áreas de recreación, sí. Al no contar con el dictamen no se pueden calcular los montos que corresponde pagar a los seguros.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), sólo el 8.6 por ciento de las viviendas en el país cuenta con un seguro contra sismos, y de éstas el 90 por ciento cubre la estructura de la casa o departamento, pero no las pertenencias en su interior.
Fuente: Excélsior